Reglamentación de la ley de armas es poco viable y supone enormes dificultades, opina experto
La reglamentación de la Ley N° 4036/2010, “De armas de Fuego, sus piezas y componente, municiones, explosivos, accesorios y afines”, que se aprobó la semana pasada después de 14 años de su promulgación, “tiene varios aspectos de cumplimiento imposible”, según el experto en temas de seguridad interna, José Amarilla.
“Yo creo que el decreto reglamentario de la Ley de armas tiene las mejores intenciones, entre ellas atender a las limitaciones de control que tiene nuestro socio, Brasil (lo cual también es de difícil cumplimiento, inclusive para ellos). Pero en nombre de la buena intención, veo muy poco viable esta reglamentación en particular. Me parece que pone enormes dificultades al que quiere mantenerse dentro de la Ley”, apuntó.
Amarilla explicó en una exclusiva a El Nacional, algunos aspectos por los cuales refiere que este decreto contiene aspectos de cumplimiento imposible, como, por ejemplo: que otorga como órgano rector a la Dirección de Material Bélico (Dimabel), y que todas las armas deberán pasar por el sistema IBIS (International Ballistic Identification System). “Pero resulta que Dimabel no tiene el IBIS. Lo tiene la Policía Nacional para los casos de pericia y para los pedidos de portación de armas”, agregó, primeramente.
Otros de los puntos, mencionó acerca de la limitación, que según la reglamentación establece hasta 300 unidades de carabinas, rifles y escopetas semiautomáticas por empresa y 600 pistolas, escopetas a trombón y revólveres. Las empresas más tradicionales tienen representación de 20 marcas o más. “Básicamente van a tener que renunciar a muchas representaciones, o constituir una firma para un grupo de marcas y otras firmas para otras marcas y en todo caso van a tener que optar por los productos con mayor margen de ganancia (las armas más caras) y dejar de lado las baratas, que, por ejemplo: consumen las empresas de seguridad privada”, indicó.
“La última estimación que recuerdo, indicaba que en el país hay unos 70.000 guardias privados, unas 280 empresas de seguridad registradas y un número indeterminado de informales. Claramente no habrá abastecimiento para este segmento”, añadió. Esto no incluye a militares, policías y agentes armados del Estado, que superan los 50.000 activos y un gran número de retirados.
Ante esto, advirtió que cualquier tipo de desabastecimiento artificial de los mercados, “significa un incentivo para el comercio en negro y el contrabando”, acotó.
También mencionó hacer de los trámites de tenencia y renovación, que deben ser estrictamente personales en Dimabel, cuya institución, cuenta con una infraestructura, según, aseguró de uno 50 o 100, por día de forma presencial. “Si hay 1.500.000 registros de tenencia que tienen que ser renovados cada cierto tiempo, eso significa que Dimabel necesitaría 15.000 días consecutivos (41 años) para renovar las tenencias legales ya existentes hoy, sin considerar los nuevos expedientes y carnets”, resaltó.
También el decreto, según Amarilla, establece, que el que compra munición “tiene que tomarse una foto con la cajita de 50 tiros en una mano y la factura en la otra y en cada compra, para que el sistema integrado de Dimabel lo registre gráficamente”.
Para el experto, esto implicaría “una carga de imágenes de alta resolución de 5 megabytes por foto, por 20.000 fotografías por cada millón de cartuchos importados, por cada calibre, a lo largo de cada período de importación. Estamos hablando de una capacidad de storage (almacenamiento de alta capacidad) que no sé si tienen siquiera las mayores empresas de teléfonos celulares del país y de software analíticos que tampoco hay”, reflexionó.
Asimismo, vaticinó que “esta distorsión artificial del mercado” podría tener una consecuencia directa de los precios de armas y municiones en el país, cuyo afectado directo será el usuario legítimo, el que está al margen de la Ley.