En ese contexto, el ingeniero Pedro Ferreira sostuvo que cualquier modificación del sistema previsional debe partir de un principio básico: no traicionar las promesas hechas a la ciudadanía.
Ferreira remarcó que el eje central del tratamiento legislativo debe ser el respeto a los compromisos asumidos por el Estado, especialmente con los trabajadores y jubilados. A su criterio, la reforma no puede convertirse en un ajuste inmediato que descargue el peso del desequilibrio fiscal sobre un solo sector, sino que debe aplicarse de manera progresiva, con mecanismos que permitan una transición ordenada y previsible.
En ese sentido, planteó que la gradualidad es clave para evitar impactos sociales negativos y para sostener la confianza en las instituciones. Según explicó, los cambios estructurales en sistemas previsionales requieren tiempo, planificación y una mirada de largo plazo, ya que decisiones apresuradas pueden generar efectos irreversibles tanto en las finanzas públicas como en la vida de miles de personas.
El ingeniero también cuestionó la posibilidad de que el debate se postergue indefinidamente. Señaló que abrir un espacio de diálogo no implica congelar las discusiones, sino generar ámbitos serios de intercambio donde participen todos los sectores involucrados. Para Ferreira, dilatar el tratamiento legislativo bajo el argumento de buscar consensos solo agrava el problema y traslada la carga a futuras administraciones.
La discusión sobre la Caja Fiscal se da en un escenario complejo, marcado por tensiones políticas y por un contexto económico que exige definiciones. Mientras algunos sectores impulsan cambios de fondo para garantizar la sostenibilidad del sistema, otros advierten que una reforma mal diseñada puede profundizar desigualdades y generar mayor conflictividad social.
En ese marco, el llamado al diálogo aparece como una condición indispensable, pero no como excusa para la inacción. La reforma, coinciden distintas voces técnicas, debe avanzar con reglas claras, plazos razonables y un enfoque que combine responsabilidad fiscal con justicia social, en un tema que toca de manera directa a una parte sensible de la población.