El diputado Daniel Centurión (ANR-Capital), calificó la iniciativa como una propuesta interesante y reconoció que se trata de una deuda pendiente del Estado, al tratarse de un tema de interés nacional.
No obstante, remarcó la importancia de evitar un tratamiento apresurado.
"Pedimos al Poder Ejecutivo que no se utilice la mayoría, como se ha hecho tradicionalmente, para aprobar a tambor batiente. Este proyecto requiere un análisis riguroso y la participación de todas las partes afectadas", expresó.
El legislador subrayó que no existe una urgencia que justifique una aprobación acelerada, considerando que la problemática se arrastra desde hace años y ha derivado en un déficit aproximado de 380 millones de dólares, con una proyección de crecimiento exponencial para el próximo ejercicio fiscal.
En ese contexto, insistió en que todas las voces deben ser escuchadas antes de arribar a una conclusión.
Desde una mirada centrada en el interés general, el parlamentario sostuvo que los reclamos de los distintos sectores son legítimos y deben ser canalizados institucionalmente.
Asimismo, informó que el documento ya fue remitido a la Cámara de Diputados, y que se sugirió al presidente de la institución, Raúl Latorre (ANR-Capital), la realización de audiencias públicas, a fin de garantizar la participación ciudadana.
Finalmente, enfatizó que las decisiones deben basarse en análisis técnicos independientes, y no únicamente en la versión o los argumentos del oficialismo.
Advirtió que la Cámara no debe limitarse a un rol de "pasa papeles", y que, de persistir una imposición sin debate, el proyecto podría ser rechazado.
Por su parte, el diputado Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), coincidió en la importancia de abrir espacios de diálogo y resaltó la necesidad de recibir y escuchar a los distintos sectores involucrados, dada la gravedad de la situación que atraviesan las cajas de jubilaciones.
El congresista Aguilera sostuvo que la socialización del proyecto es clave, para avanzar hacia una legislación que permita mejorar la situación actual de un sistema previsional profundamente deficitario, garantizando su sostenibilidad y equidad a largo plazo.
Ambos diputados coincidieron en que la reforma del sistema de jubilaciones requiere consenso, responsabilidad institucional y una construcción colectiva que priorice el interés ciudadano y la estabilidad del sistema previsional.