PolíticaBajo fuerte custodia estuvo Gustavo Florentín
Ayer, el suboficial de Policía Gustavo Florentín, único acusado por el homicidio, retornó al sitio del crimen, fuertemente custodiado, para participar de la reconstrucción judicial de los hechos. Estuvo acompañado por su abogado defensor, Rodrigo Estigarribia, y por los tres jueces del Tribunal de Sentencia: Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.
Rodrigo Quintana, joven dirigente de La Colmena, Paraguarí, fue asesinado en la madrugada del 1 de abril de 2017, durante las violentas jornadas de protesta contra el intento del entonces presidente Horacio Cartes de instalar la reelección presidencial mediante una enmienda constitucional considerada ilegal. Aquella noche, el Congreso Nacional fue parcialmente incendiado tras ser sorpresivamente abandonado por las fuerzas del orden.
Lo que siguió fue una brutal represión, con patrullas policiales recorriendo el centro capitalino, disparando armas no reglamentarias y entrando ilegalmente a locales privados y partidarios. Fue en ese contexto en el que un grupo de uniformados, encabezado por el entonces suboficial Florentín, ingresó a la sede del PLRA disparando a mansalva. Allí cayó Rodrigo Quintana, con un disparo letal que ingresó por la espalda.
Pese a la contundencia de los registros de cámaras de seguridad, grabaciones, testimonios y documentos, hasta hoy la Justicia paraguaya se ha negado sistemáticamente a investigar o identificar quién dio la orden de ingresar armado a la sede de un partido opositor. Nunca se investigó la cadena de mando ni se llamó a declarar a las autoridades políticas de entonces. El único enjuiciado es el ejecutor directo. La línea de responsabilidades superiores continúa intacta, blindada por el manto de impunidad que cubre al cartismo desde 2017.
La diligencia realizada representa una etapa clave del juicio, pero también un símbolo de todo lo que no se hizo en estos ocho años de parálisis judicial, maniobras dilatorias y complicidades institucionales. La causa recién entra en su etapa final, pese a tratarse de un caso de altísima gravedad: un homicidio cometido por un agente del Estado dentro de una sede partidaria, en medio de una crisis política generada por el atropello constitucional del cartismo.
El asesinato de Quintana se convirtió en un punto de quiebre para la política paraguaya. No solo frustró el intento reeleccionista de Horacio Cartes, sino que también dinamitó las posibilidades electorales de su entonces delfín, Santiago Peña, quien perdió las internas de la ANR ese mismo año. El crimen impactó de lleno en la opinión pública, revelando el nivel de violencia al que podía llegar un gobierno para sostener su proyecto de poder.
