Reacción

Reclaman falta de diálogo respecto a reforma de Caja Fiscal

La discusión en torno al proyecto de reforma de la Caja Fiscal sumó un nuevo capítulo político, marcado por el reclamo de diálogo y la advertencia sobre las consecuencias sociales de avanzar con cambios que impactan directamente en la jubilación del sector educativo.
Sede del Poder Legislativo. Gentileza.

Legisladores y representantes de los docentes mantuvieron un encuentro en el Congreso, en un contexto de creciente tensión por la falta de participación de los afectados en la elaboración de la propuesta impulsada por el Ejecutivo.

Durante la reunión, varios parlamentarios coincidieron en que el proyecto llegó al Legislativo sin un proceso previo de consulta con los trabajadores de la educación, uno de los grupos más sensibles a la iniciativa. Desde la oposición señalaron que una reforma de esta magnitud no puede ser tratada de manera apresurada ni cerrada, atendiendo a que introduce modificaciones estructurales que condicionarán el futuro previsional de miles de personas.

El diputado liberal Adrián Billy Vaesken explicó que en el encuentro participaron dirigentes sindicales docentes, quienes expusieron sus preocupaciones y cuestionaron el enfoque del proyecto. A su criterio, se trata de una discusión que debe abrirse a todos los sectores involucrados, ya que los cambios planteados afectan no solo a los actuales trabajadores, sino también a las próximas generaciones del sistema educativo.

Uno de los puntos más criticados es la intención de establecer una edad mínima de jubilación de 57 años para los educadores, cuando hasta ahora el acceso al retiro se definía principalmente por los años de aporte. Para los docentes, esta modificación traslada el peso del déficit previsional a los aportantes, sin atacar de fondo las causas estructurales del problema financiero de la Caja Fiscal.

Vaesken también apuntó directamente al Ejecutivo por la forma en que se presentó la iniciativa, señalando que el gobierno de Santiago Peña no incorporó la mirada de quienes serán los principales afectados. Según sostuvo, esa falta de sensibilidad social erosiona la confianza y profundiza el malestar en un sector que ya viene advirtiendo sobre posibles medidas de fuerza si el proyecto avanza sin modificaciones.

Desde el ámbito legislativo, se remarcó que la propuesta ya fue derivada a la Cámara de Diputados y que, aun durante el receso parlamentario, podría ser convocada una sesión extraordinaria para su tratamiento. No obstante, varios legisladores consideraron que lo más prudente es evitar un trámite exprés y garantizar un debate amplio, que incluya contrapropuestas y análisis técnicos más profundos.

Los representantes del sector educativo insistieron en que, como ocurre en otros países, el Estado debe asumir el déficit de la Caja Fiscal en lugar de descargar el ajuste sobre los trabajadores. Advirtieron que aprobar la reforma sin consenso podría derivar en una fuerte reacción social y en un escenario de conflictividad que afecte el normal desarrollo del año lectivo.

En ese marco, el mensaje que emergió del encuentro fue claro: sin diálogo ni acuerdos mínimos, la reforma previsional corre el riesgo de convertirse en un nuevo foco de tensión política y social, en un momento en que el sistema jubilatorio ya enfrenta serios cuestionamientos sobre su sostenibilidad y equidad.