Ratifican cierre del caso "Lalo" Gomes y defensa cuestiona falta de investigación
La Corte Suprema de Justicia ratificó el cierre de la causa relacionada con la muerte del diputado Eulalio "Lalo" Gomes, una decisión que fue duramente cuestionada por el abogado Óscar Tuma, quien en su momento representó a la familia del legislador.
El fallo fue emitido por la Sala Penal del máximo tribunal, que declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por los allegados del parlamentario, dejando firme la desestimación de la causa contra los agentes policiales intervinientes.
Tras conocerse la resolución, Tuma expresó su desacuerdo y sostuvo que la ausencia de una investigación de fondo impide esclarecer lo ocurrido. En ese sentido, afirmó que el cierre del caso no despeja dudas, sino que, por el contrario, mantiene abiertas todas las hipótesis.
"El problema es que no se investigó. Hoy no se puede descartar ninguna hipótesis", señaló el abogado, quien remarcó que existen múltiples interrogantes en torno al procedimiento que derivó en la muerte del diputado.
El profesional también cuestionó las condiciones en las que se llevó adelante el operativo, señalando presuntas irregularidades tanto en el allanamiento como en la actuación de la Fiscalía. A su criterio, se trataba de un caso que requería una investigación exhaustiva por la gravedad institucional del hecho.
"Más allá de cualquier postura sobre la figura del diputado, se trata de un representante electo que falleció durante un procedimiento de fuerzas del orden. Eso ameritaba una investigación seria", afirmó.
Tuma advirtió además que la decisión judicial podría tener consecuencias en el plano político e institucional, al alimentar dudas sobre el accionar de la Justicia y debilitar la confianza ciudadana en el sistema.
En cuanto a los próximos pasos, indicó que la familia Gomes ya evaluaba recurrir a instancias internacionales en caso de un fallo adverso, posibilidad que ahora cobra mayor fuerza tras la resolución de la Corte.
La Sala Penal que tomó la decisión estuvo integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.
Con esta resolución, el caso queda cerrado en la jurisdicción local, aunque persisten cuestionamientos sobre la falta de esclarecimiento de los hechos y la posibilidad de que sea llevado ante organismos internacionales.