¿Qué dice el titular de IPS ante demoledor informe de Contraloría?
El documento señala pagos que no se ajustarían a la normativa vigente por más de G. 13.000 millones en concepto de subsidios, además de bonificaciones adicionales que rondarían los G. 6.000 millones. A esto se suman observaciones sobre desembolsos a funcionarios y directivos fuera de los parámetros legales, así como la falta de sanciones en casos de reposos médicos irregulares.
Ante este escenario, Brítez sostuvo que las acciones de su administración se enmarcan en disposiciones legales y acuerdos laborales vigentes, insistiendo en que muchas de las bonificaciones cuestionadas responden a derechos establecidos en contratos colectivos aprobados por el Ministerio del Trabajo. Incluso afirmó que parte de las situaciones observadas provienen de administraciones anteriores.
El titular del IPS también defendió la decisión de solicitar la intervención de la Contraloría, señalando que el objetivo fue identificar debilidades internas y avanzar en correcciones. Aseguró que varias observaciones ya fueron subsanadas y que otras requieren procesos más largos debido a su complejidad técnica y administrativa.
Sin embargo, desde la propia Contraloría se advierte que menos de la mitad de las recomendaciones fueron implementadas, lo que reaviva las críticas sobre la lentitud en los ajustes estructurales, entre ellos la ausencia de una matriz salarial que, según el informe, habilita discrecionalidad en los pagos.
Consultado sobre pagos por cargos no desempeñados o beneficios adicionales por títulos, Brítez rechazó irregularidades y atribuyó estos conceptos a acuerdos históricos con sindicatos. También defendió la contratación de servicios jurídicos externos, argumentando la magnitud de litigios que enfrenta la institución, aunque reconoció que se redujo la cantidad de asesores.
En cuanto a la falta de medicamentos denunciada por asegurados, el titular del IPS relativizó las críticas y sostuvo que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir la totalidad de la demanda en salud, priorizando tratamientos de alto costo para enfermedades graves.
Pese a sus explicaciones, el informe de la Contraloría instala nuevamente el debate sobre la gestión del IPS, en un contexto donde crecen las denuncias por deficiencias en la atención médica y el uso de los recursos de una de las instituciones más sensibles del sistema público.