Pulso por Hambre Cero: proponen quitar poder a Tadeo Rojas
La iniciativa, encabezada por el diputado Mauricio Espínola, plantea desarmar la actual concentración del manejo de recursos, redistribuir el control hacia todas las gobernaciones y eliminar actores que, según denuncias, no deberían formar parte del sistema.
El punto central del planteamiento es revertir el criterio adoptado en la Cámara Alta, donde se impulsó retirar la administración de los fondos a determinadas gobernaciones bajo sospechas de corrupción. Desde Diputados, en cambio, sostienen que ese enfoque es selectivo y responde más a disputas internas que a una política pública coherente. En ese sentido, se busca que todas las gobernaciones vuelvan a tener participación en igualdad de condiciones, incluyendo aquellas que fueron excluidas desde el inicio del programa, como Central y Presidente Hayes.
Espínola cuestionó con dureza el argumento de castigar a ciertos gobernadores por presuntas irregularidades, señalando que ese mismo criterio debería aplicarse a otras instituciones del Estado si se siguiera la misma lógica. En su análisis, advirtió que no se pueden tomar decisiones estructurales basadas en acusaciones no resueltas y que existen organismos encargados de investigar hechos de corrupción, sin necesidad de alterar el diseño institucional de un programa social.
El legislador también apuntó contra el trasfondo político de la propuesta aprobada en el Senado, asegurando que responde a disputas dentro del propio oficialismo, especialmente en el contexto de las internas con miras a las municipales. Mencionó que la inclusión de ciertos gobernadores en la lista de excluidos no obedece a criterios técnicos, sino a rivalidades entre dirigentes que buscan posicionarse electoralmente.
Otro de los ejes más polémicos del planteamiento es el rol del Ministerio de Desarrollo Social. Desde el sector que impulsa las modificaciones advierten que concentrar el manejo de los recursos en esta cartera podría profundizar los riesgos de uso discrecional de los fondos. Por ello, proponen limitar su intervención únicamente a la capital, dejando el resto de la ejecución en manos de las gobernaciones.
En la misma línea, se plantea excluir del Consejo Nacional de Alimentación Escolar a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), al considerar que se trata de una entidad que no forma parte del aparato estatal y cuya participación no se justifica dentro del esquema del programa. La crítica apunta a que su inclusión respondería más a intereses recaudatorios que a una necesidad operativa real.
El trasfondo del debate deja al descubierto una disputa más amplia sobre el control de los recursos públicos y el uso político de los programas sociales. Mientras un sector busca centralizar la administración bajo el argumento de combatir irregularidades, otro advierte que esa concentración podría derivar en un manejo aún más discrecional y condicionado por intereses partidarios.
En medio de esta puja, Hambre Cero deja de ser solamente una política de asistencia alimentaria para convertirse en un eje de confrontación dentro del oficialismo, donde las decisiones sobre su funcionamiento aparecen cada vez más atravesadas por la lógica electoral y las tensiones de poder.