Puertas giratorias: modificación desestabiliza el Estado de Derecho
La Cámara de Senadores terminó por destruir la Ley 7.089 que sanciona Conflictos de Intereses en la Función Público, una normativa fundamental para el combate frontal a la corrupción que resulta hoy el cáncer del Estado. Un total de 18 artículos fueron modificados y otros 4 derogados. Se eliminaron las sanciones y multas, como también se limitó el rango de control entre el grupo familiar para evitar que se investiguen a políticos con su parentela dentro de los niveles públicos.
Se trata de la Ley 7.089, que establece el Régimen de Prevención, corrección y Sanción de Conflictos de Intereses en la Función Pública. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, pero con las modificaciones realizadas, la ley quedó cercenada y lejos de su intención inicial, ya que incluso se eliminó la sanción e inhabilitación en caso de incumplimiento para los exfuncionarios que incumplan la reglamentación.
La senadora Kattya González, quien en su periodo de diputada fue la principal impulsora de la propuesta, denunció que el proyecto fue cercenado y desvirtuado. La legisladora había solicitado la postergación del proyecto, pero su propuesta no prosperó.
La normativa también fue conocida como ley de puertas giratorias, ya que en esencia busca evitar que funcionarios de alto rango se pasen al sector privado con información delicada o sensible del manejo público.
¿Qué exactamente se modificó?
El pasado jueves el Senado eliminó la sanción de hasta 300 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de hasta 5 años para los exfuncionarios que incumplieran las prohibiciones previstas en el artículo 24, que también fue eliminado, además del 25 y 26.
Entre los artículos modificados se encuentran el 3, inciso g, que consisten en limitar el grupo familiar hasta cónyuge o conviviente e hijos mayores de edad. En la actual ley, alcanza a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutelas.
En la ley vigente, ni exfuncionarios ni parientes cercanos pueden ocupar puestos en el sector privado relacionados con el cargo que habían dejado en la función pública hasta un año después del cese de sus funciones en el sector público. Con la eliminación del artículo 24, también se eliminó el plazo de un año.
En el artículo 20, que habla de la abstención del funcionario público en casos de sociedades en las que haya sido parte, se modificó y se excluyó a aquellos parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad.
"Perdieron credibilidad"
Por su parte, la senadora por la Alianza Encuentro Nacional, Kattya González, expresó que tras lo consumado, los legisladores perdieron todo tipo de credibilidad y transparencia a la hora de votar en otros proyectos legislativos.
En entrevista con El Nacional, recordó que los senadores no pueden votar en proyectos en que tengan algún interés, por lo que es urgente y necesario conocer los vínculos familiares de los legisladores.
González explicó que ella y los senadores que la acompañan optaron por un criterio amplio, “teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, donde se opera a través de testaferros, parientes, hijos, primos”.
“Me parece que no se puede llevar adelante de esa manera el debate; implica escuchar a todas las partes y no solo hacer que esta tiranía de las mayorías, porque terminamos desestabilizando el estado de derecho y atentando contra la seguridad jurídica”, expresó la congresista.
Cuestionó que una ley se modifique si ni siquiera fue implementada en su magnitud. Criticó que este tipo de modificaciones a los proyectos originales, como reducir el círculo de parientes con los que se tenga conflicto de intereses, “son las situaciones que generan dudas en la ciudadanía. Cuando se atropellan proyectos de ley, la gente se pregunta qué hay detrás”.
Parlamentarios degradaron la República
A su vez, el abogado Ezequiel Santagada opinó que la ley de Conflictos Intereses es una de las leyes necesarias si Paraguay quiere alcanzar el grado de inversión. Su vigencia y aplicación, a criterio del experto, atraerían inversiones y, por lo tanto, trabajo y bienestar para la gente.
"La cuestión es simple: una buena ley (como la que pretenden modificar) dificulta que los políticos y funcionarios puedan robar al Estado o tener ventajas económicas a través de sus parientes y amigos. Es decir, hace a la esencia del sistema republicano de gobierno, a la seguridad jurídica y al combate a la corrupción y a la impunidad", expuso.
Por esto, señaló que los parlamentarios, al hacerle perder efectividad, degradaron la República y redujeron las chances de una mejora en la economía de todos los paraguayos.
Mientras que el también abogado Jorge Rolón Luna lamentó la modificación realizada a tan solo unos meses de la vigencia de la ley.
"El brazo mafioso de la política pone las cosas en su lugar, mientras nos ocupan títulos falsos y puteríos varios. A partir de ahora, ya no va a ser ilegal el conflicto grosero de las puertas giratorias y los negocios políticos con el Estado. Una ley de adorno", consideró.