Proyecto provoca controversia en Cancillería
Un proyecto de reforma de la Ley N° 1335/99 del servicio diplomático, que la senadora colorada Lilian Samaniego defendió en la sesión ordinaria de este jueves haciendo acusaciones muy graves sobre la forma en que funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, provocó controversia puertas adentro de la cartera ministerial.
En una larga alocución, que por lo extensa incluso debió ser sometida a consideración del pleno del Senado, Samaniego acusó al MRE de constituir un feudo familiar clasista, multipartidario, donde los cargos se eligen y se traspasan por parentesco, y hay un manejo discrecional de los rubros presupuestarios.
“Hay grupos familiares que dominan la cancillería por décadas; hay funcionarios de elite de distintos partidos que acceden al servicio exterior, monopolizan los cargos superiores y los viajes; esta elite multipartidaria y familiar opera en sus beneficios personales, acomodando las cuestiones laborales a su conveniencia, eligiendo destinos, repitiendo destinos, eligiendo cargos, incluso recibiendo mayores asignaciones para gastos de operación y mantenimiento”, afirmó. “Hay una brecha interna que separa los funcionarios por clases, los diplomáticos y los que no lo son”, agregó.
La parlamentaria aclaró que el proyecto de modificación de la Ley N° 1335 “no tiene como objetivo ir en contra de nadie”, sino “modernizar la cancillería porque está atrapada en el pasado”.
Samaniego argumentó que con la 1335 “empezó un proceso de formación de la carrera diplomática, pero también empezó la desigualdad imperante en la cancillería hasta el día de hoy”. Afirmó que desde la entrada en vigencia de la ley en 1999, se han promovido funcionarios discrecionalmente; primero “se agregaron 159 personas por un supuesto concurso de méritos sin examen”; y después se han realizado “concursos a medida”. “A partir del año 2000 empezaron las acciones judiciales de quienes quedaron afuera, y fueron incorporados 114 funcionarios por decisión judicial”, sostuvo. Agregó que “la mayoría de los escalafonados hoy, ingresaron por acciones judiciales”.
La parlamentaria colorada pasó revista a una serie de casos puntuales de funcionarios del MRE, que a su juicio no solo “violentan” la letra de la 1335, sino que describen perfectamente los puntos señalados.
Citó el caso de los embajadores en Irán y Marruecos, Emilio Giménez y Oscar Benítez Estragó, quienes siguen en misión más allá de los siete años establecidos por la ley, y que han recibido ingresos siderales de casi U$S 1,5 millones en concepto de salarios y gastos de representación.
“No se pasa a retiro a los embajadores que alcanzaron los 75 años de edad, no se jubilan los que alcanzaron 40 años o más de antigüedad; se exceden más del tiempo legal”, aseguró.
Denunció que en el MRE se “discrimina para ascender dentro del escalafón”. Citó el caso de Estefanía Laterza, que ingresó por acción judicial en 2002, y en 2014 cuando promocionaba para el grado de ministra “se quitó una resolución que estableció una escala de puntos tal que ella era la única que reunía el puntaje necesario”. “Después de esto, se cambiaron otra vez los parámetros en medio del llamado a concurso”, afirmó.
Dijo que esta misma funcionaria, en 2019 recibió más de Gs. 271 millones en viáticos, y que actualmente concentra seis cargos, entre Directora General de política, punto focal ante el BID, coordinadora de Prosur, entre otros. Contó que su hermano, Héctor Laterza, que ingresó en 2013 fue “favorecido” con un primer destino diplomático en Europa, adonde “normalmente se estila destinar gente con experiencia”.
Una situación similar sucedió con la designada embajadora en Alemania Patricia Frutos, también hija de un excanciller, en cuyo caso “pasaron por alto a seis embajadores de mayor antigüedad para darle a ella el cargo”. “Es una falta de respeto al Senado que la Cancillería ya sacó como un hecho la designación de esta persona como embajadora, cuando el Senado todavía no prestó su acuerdo, y como si fuera que nosotros somos simples pasa papeles”, señaló.
Siguió con los casos de los hermanos Raúl Cristián Leguizamón Giménez; Sofía López Garelli, actual embajadora en Colombia, a quien puso detrás del ingreso al servicio diplomático, “en un concurso hecho a la medida”, de sus sobrinos Oliver y Cristián López, que ocupan los cargos de tercer secretario y oficial de la Embajada paraguaya en España, respectivamente.
Audiencia pública
La controversia se instala mientras el presidente Mario Abdo Benítez acaba de nombrar nuevo canciller al embajador Federico González, que se desempeñaba como su asesor de Asuntos Internacionales, mediante un decreto que se estaría oficializando este viernes.
Desde la cartera de exteriores, nadie quiso responder de manera oficial a las arremetidas de la parlamentaria colorada, aunque se dejó entrever que funcionarios de alto rango de la cancillería participarán de la audiencia pública del próximo miércoles, donde seguramente contestarán a las acusaciones.
Off the record, se señaló a El Nacional que la ley pretendida por la parlamentaria “no moderniza, sino que atrasa 20 años el servicio diplomático paraguayo”. “Los concursos que tenemos son los más confiables de toda la administración pública “, se señaló.
Fuentes de la cartera de exteriores del gobierno, argumentaron que nada de lo que expuso Samaniego en el Senado este jueves se ajusta a la realidad, excepto tal vez la permanencia más allá del tiempo reglamentario de los embajadores Giménez y Benítez Estragó.
“No hay nepotismo y tampoco manejo discrecional de los viáticos; los viáticos están perfectamente reglamentados y su utilización está sujeta a una rendición de cuentas”, se señaló.