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Los diputados cartistas Derlis Rodríguez y Edgar Olmedo presentaron un polémico proyecto de ley que pretende modificar el Código Procesal Civil para reducir drásticamente el plazo de caducidad de los casos judiciales, pasando de seis a solo tres meses. De ser aprobado, esta modificación podría derivar en la extinción de numerosos procesos, dejando impunes a muchos responsables de delitos y controversias legales.
El proyecto, que busca modificar el artículo 172 de la Ley Nº 1337/88, ya fue remitido a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Codificación, y Justicia, Trabajo y Previsión Social para su análisis.
Su objetivo, según los legisladores proponentes, es agilizar los procesos judiciales, evitar la acumulación de casos y prevenir maniobras dilatorias. Sin embargo, la propuesta ha generado alarma entre juristas, organizaciones civiles y ciudadanos, quienes advierten que la medida podría generar un perjuicio irreparable a quienes buscan justicia.
Si se aprueba la reforma, casos como juicios por lesiones personales, incumplimiento de contrato, difamación o calumnia, disputas de propiedad, conflictos laborales, litigios comerciales, negligencia médica y demandas colectivas, entre otros, quedarían sujetos a una caducidad acelerada. Esto implica que, si no se resuelven en el plazo estipulado, simplemente se extinguirían sin posibilidad de continuar el procedimiento.
Críticos de la iniciativa señalan que esta reducción del plazo beneficiaría a sectores con mayor capacidad económica y poder de influencia, quienes podrían dilatar los procesos a su favor hasta que las demandas prescriban. Además, argumentan que el problema de la mora judicial en Paraguay no se soluciona con una disminución de los tiempos procesales, sino con una mejor administración de justicia, mayor inversión en recursos humanos y tecnológicos, y una mayor independencia del Poder Judicial.
Mientras el proyecto avanza en su estudio dentro del Congreso, diversas voces han comenzado a exigir un debate más amplio, con la participación de expertos, abogados, magistrados y la sociedad civil. El riesgo de dejar sin respuesta miles de reclamos judiciales ha encendido las alertas y pone en el centro del debate la necesidad de una reforma judicial que no solo sea rápida, sino también justa y equitativa para todos los ciudadanos.
