PolíticaSenado ya aprobó
Según el legislador, el fenómeno de la delincuencia juvenil debe ser abordado desde una perspectiva integral que incluya factores como la educación, la prevención y el contexto social.
Sus declaraciones se dieron en el marco del debate que se generó tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley que eleva de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes de entre 14 y 18 años condenados por crímenes considerados graves, como el homicidio. La propuesta ahora pasará al estudio de la Cámara de Diputados.
Ávalos Mariño consideró que si bien el aumento de penas puede representar un paso inicial, se trata apenas de un punto de partida en un proceso mucho más complejo que requiere una visión amplia y abarcativa. A su criterio, cualquier legislación que se adopte deberá contemplar todos los delitos graves y no limitarse a una lista reducida, para que tenga un impacto real en la prevención y sanción del crimen juvenil.
El legislador enfatizó que en Diputados se tomará el tiempo necesario para evaluar la iniciativa en detalle, con responsabilidad y seriedad. Indicó que es fundamental que el texto final que se apruebe contemple todas las aristas del fenómeno delictivo, en especial aquellas que afectan a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
La propuesta de ley fue presentada como respuesta a dos casos que generaron conmoción en la opinión pública: el asesinato de Alfredo Duarte Flores, un repartidor atacado en Asunción, y el crimen de María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo, ambos con adolescentes como presuntos autores.
Actualmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia fija en ocho años la pena máxima para menores involucrados en hechos punibles calificados como crímenes, mientras que el Código Penal impide la imputación de cualquier menor de 14 años, incluso si se lo vincula con delitos de alta gravedad. Estos límites legales han reabierto un intenso debate en el Congreso sobre cómo actuar ante una creciente ola de violencia que involucra a jóvenes y adolescentes.
