Proponen trasladar a 3 mil funcionarios de agonizante Copaco a otras entidades
La iniciativa fue impulsada por el diputado José Rodríguez, representante de Capital por la ANR, y apunta a atender una situación social y financiera que arrastra la empresa estatal desde hace varios años.
La propuesta autoriza de manera excepcional la movilidad laboral del personal activo de Copaco hacia organismos del Estado que manifiesten interés en incorporar esos recursos humanos, sin que ello implique nuevos ingresos a la función pública. El esquema planteado busca ordenar el proceso de transferencia mediante un procedimiento específico, limitado y amparado en una ley especial, con el objetivo de evitar interpretaciones discrecionales o improvisadas.
En la exposición de motivos, el legislador subraya que la iniciativa tiene un fuerte componente social, al considerar la situación de más de tres mil trabajadores que dependen de la empresa para el sustento de sus familias. En ese marco, sostiene que el Congreso no puede permanecer ajeno a una realidad que combina problemas estructurales de gestión con un impacto directo en los derechos laborales.
El proyecto también pone énfasis en la necesidad de aprovechar de manera más eficiente el capital humano formado con recursos del Estado. Según se argumenta, muchos funcionarios de Copaco cuentan con experiencia y capacitación que podrían ser de utilidad en otras instituciones públicas que hoy enfrentan déficits de personal especializado, todo ello sin generar un aumento del gasto público.
Otro punto central de la iniciativa es la preservación de los derechos laborales de los trabajadores transferidos. El texto establece que deberán mantenerse la antigüedad, los aportes previsionales y la seguridad jurídica de los funcionarios, evitando que el traslado implique una pérdida de condiciones laborales o una mayor precarización.
La propuesta se da en un contexto crítico para Copaco, cuya deuda ronda los 110 millones de dólares, una carga financiera que limita seriamente su capacidad operativa. Esta situación afecta no solo las posibilidades de inversión y modernización, sino también el cumplimiento regular de salarios y beneficios, profundizando la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.
El proyecto de ley fue remitido a las comisiones asesoras para su estudio y análisis. Su eventual aprobación abriría un nuevo capítulo en la discusión sobre el destino de Copaco y el rol del Estado frente a empresas públicas en crisis, en un escenario donde la sostenibilidad financiera y la protección del empleo aparecen como objetivos que no siempre logran convivir sin tensiones.