PolíticaProyecto de ley en Diputados
Un proyecto de ley que propone delimitar el uso obligatorio del casco integral para motociclistas fue presentado recientemente ante la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el diputado Yamil Esgaib, alcanza a quienes se desplazan en motocicletas, ciclomotores, triciclones y cuatriciclones en Asunción, el área metropolitana y las capitales departamentales.
El documento plantea la necesidad de "restringir y delimitar con mayor precisión el uso obligatorio del casco protector de la cabeza", en el marco de una estrategia orientada a reforzar la seguridad ciudadana, sin dejar de lado la protección vial.
En la exposición de motivos, el legislador recuerda que la Ley N° 5016/14 de Tránsito y Seguridad Vial establece la obligatoriedad del uso del casco que cubra toda la cabeza, con excepción del rostro. Sin embargo, señala que el decreto reglamentario vigente no define características específicas del casco, como materiales o formas, lo que considera una omisión relevante.
Si bien el proyecto reconoce que el casco integral o envolvente es el más seguro para prevenir lesiones graves en accidentes de tránsito, advierte que su uso obligatorio ha sido aprovechado por moto-asaltantes para ocultar el rostro y cometer delitos con mayor facilidad.
Esta situación, según se expone, derivó en un aumento de asaltos, muchos de ellos con consecuencias fatales, además de dificultar la identificación de los responsables por parte de la Policía Nacional.
En ese contexto, el texto sostiene que la prioridad actual es garantizar la seguridad ciudadana, especialmente en zonas urbanas, por lo que propone limitar el uso del casco integral a actividades deportivas o recreativas supervisadas por la Policía Nacional, así como a personas debidamente registradas e individualizadas por las autoridades competentes.
Para el tránsito regular, el proyecto permite el uso de cascos no integrales, que posibiliten la visualización del rostro del conductor y del acompañante, siempre que cuenten con los adhesivos identificatorios exigidos por la normativa vigente.
Asimismo, se establece la retención preventiva del vehículo en caso de infracción, hasta que se regularice la identificación del ocupante y se abonen las multas correspondientes. Las sanciones previstas van de cinco a diez jornales mínimos diarios, sin perjuicio de otras penalidades contempladas en la Ley de Tránsito.
La iniciativa designa como autoridades de aplicación a la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Patrulla Caminera, que tendrán a su cargo la fiscalización, el control y la ejecución de las sanciones establecidas en el proyecto.
