PolíticaMayor seguridad al volante
La propuesta, que busca modificar el artículo 113 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, pretende otorgar atribuciones claras a las autoridades para realizar pruebas de detección de sustancias psicoactivas a los conductores durante controles en las rutas. Según los defensores del proyecto, esta medida permitiría actuar de forma más rápida y eficiente ante situaciones en las que un conductor podría representar un riesgo, no solo por el consumo de alcohol, sino también de drogas ilegales o incluso medicamentos que afecten sus capacidades psicofísicas.
Sin embargo, el entusiasmo por esta iniciativa contrasta con una preocupante falta de preparación institucional. Durante la reunión, la Patrulla Caminera advirtió que, si bien se cuenta con algunos equipos, la implementación efectiva de estos controles requiere un análisis técnico profundo y un respaldo presupuestario aún no asegurado. Por su parte, la Senad informó que el informe técnico solicitado está en su etapa final, pero no fue presentado durante la reunión. Llamativamente, no asistieron representantes clave como el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia, lo que deja en evidencia la falta de consenso y coordinación interinstitucional.
Además, aunque el consumo de drogas al volante ya está penalizado en la legislación vigente, los procedimientos de control y detección siguen sin estar debidamente reglamentados. Este vacío legal podría derivar en arbitrariedades, cuestionamientos jurídicos y la vulneración de derechos básicos si no se actúa con cautela y rigor técnico.
La inclusión del nuevo inciso ñ en el artículo 113 pretende sancionar a quienes conduzcan bajo los efectos de sustancias psicoactivas. A simple vista, suena razonable y necesario. Pero lo cierto es que el marco normativo propuesto, que incluye nueve artículos adicionales para reglamentar este control, aún necesita un debate más amplio, con la participación activa de todas las instituciones involucradas y, sobre todo, con la claridad operativa que asegure su viabilidad.
El país no puede darse el lujo de repetir errores. Iniciativas bien intencionadas que terminan siendo letra muerta por falta de planificación ya abundan en el historial legislativo nacional. Avanzar hacia una mayor seguridad vial es urgente, pero hacerlo sin una base sólida, sin presupuesto claro y sin formación técnica de los encargados de aplicar la ley, puede ser tan peligroso como el problema que se quiere combatir.
¿Se busca realmente un control más efectivo o solo se pretende mostrar una acción política sin impacto real? La respuesta dependerá de cómo se afronte la próxima etapa: con seriedad técnica y compromiso institucional, o con el apresuramiento habitual de quienes legislan desde el escritorio, sin bajarse nunca a la ruta.
