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El parlamentario explicó que la iniciativa no pretende impedir que los adolescentes participen de actividades recreativas, sino fijar reglas orientadas a resguardar su integridad en horarios considerados de mayor riesgo. Según sostuvo, la propuesta se apoya en el principio del interés superior del niño, reconocido tanto por la Constitución Nacional como por la legislación vigente en materia de niñez y adolescencia.
El proyecto establece que, una vez pasada la franja horaria de las 2:00, los menores solo podrán permanecer en este tipo de espacios si están junto a uno de sus padres o con un tutor que cuente con la autorización legal correspondiente. La intención es brindar un respaldo jurídico para que las instituciones competentes puedan intervenir cuando detecten a adolescentes sin el acompañamiento exigido.
Benítez argumentó que la medida permitirá al Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades judiciales actuar con mayor claridad en situaciones donde se encuentren menores expuestos durante la madrugada sin la presencia de un responsable legal.
Asimismo, remarcó que la protección de los niños y adolescentes no puede recaer exclusivamente sobre el Estado, sino que también constituye una obligación compartida entre las familias y la sociedad. En ese sentido, señaló que los padres deben asumir un rol activo cuando sus hijos permanezcan en lugares de acceso público en horarios nocturnos.
El diputado también cuestionó que, cada vez que ocurre un accidente o un episodio de violencia que involucra a menores de edad, las críticas se concentren únicamente en las instituciones públicas, dejando de lado la responsabilidad que corresponde a los adultos responsables de su cuidado.
Como parte de sus argumentos, indicó que las horas de la madrugada concentran una mayor cantidad de situaciones de riesgo para los adolescentes, entre ellas accidentes de tránsito, consumo de bebidas alcohólicas y otros hechos vinculados a la inseguridad. Aunque no presentó cifras concretas durante su exposición, aseguró que los registros estadísticos muestran una mayor vulnerabilidad de los menores en ese horario.
La iniciativa también recibió cuestionamientos por parte de organizadores de eventos, quienes manifestaron preocupación por el posible impacto de la medida. Sin embargo, Benítez respondió que la legislación paraguaya ya prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad, por lo que consideró que este sector no debería constituir un elemento determinante para el desarrollo de este tipo de actividades.
Finalmente, insistió en que el proyecto no establece una prohibición absoluta para que los adolescentes participen de eventos nocturnos, sino que introduce condiciones orientadas a garantizar su protección mediante el acompañamiento de sus padres o de un tutor legalmente habilitado.
