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Con la entrada en vigencia de esta Ley, se cubre un vacío normativo que había sido señalado por distintos sectores ante el avance de los servicios digitales y el creciente volumen de datos que manejan instituciones públicas y privadas.
Según lo expresado por el Poder Ejecutivo, la legislación incorpora estándares actualizados y reglas claras para el tratamiento de datos, con mecanismos que permiten a las personas ejercer mayor control sobre su información y acceder a derechos orientados a la seguridad, transparencia y protección frente a eventuales usos indebidos.
La promulgación de esta normativa coloca al país dentro de la tendencia regional de fortalecimiento de la protección de datos y apunta a consolidar un entorno digital más seguro y confiable, con garantías para la intimidad y la identidad tanto física como digital de los ciudadanos.
