¿Presentará la oposición un nuevo pedido de pérdida de investidura en el Senado?
Las conversaciones filtradas, en las que el legislador ofrece gestiones, favores e incluso la posibilidad de conseguir un cargo en Itaipú a un operador político de Ciudad del Este, desataron una fuerte reacción dentro de la multibancada opositora, que considera que el caso reúne elementos suficientes para debatir una sanción política contra el parlamentario oficialista.
Los senadores Celeste Amarilla y Eduardo Nakayama fueron algunos de los primeros en pronunciarse públicamente sobre el caso y coincidieron en que el contenido de los audios expone una utilización indebida del poder político para beneficiar a dirigentes cercanos.
Amarilla sostuvo que este tipo de prácticas se volvió algo normalizado dentro de la política paraguaya y cuestionó que muchos ciudadanos y operadores partidarios consideren natural acudir a parlamentarios para solicitar cargos públicos o favores dentro del Estado.
Sin embargo, remarcó que cuando un senador utiliza su investidura y su influencia política para intervenir en favor de terceros, se configura un caso de uso indebido de influencias porque se termina desplazando a otras personas que podrían acceder legítimamente a esos espacios.
La legisladora también apuntó directamente a una de las frases pronunciadas por Zacarías Irún en el audio, cuando le dice al operador político que lo use "como su secretario" para ayudarlo con gestiones y resolverle problemas.
A criterio de Amarilla, detrás de ese tipo de ofrecimientos existe un intercambio político vinculado al apoyo electoral y al trabajo territorial, lo que agrava aún más el caso debido a que expone la utilización del aparato estatal como mecanismo de pago político.
La senadora reconoció además que impulsar una pérdida de investidura contra un dirigente del peso político de Javier Zacarías Irún representa una pelea difícil debido a la mayoría que mantiene Honor Colorado dentro del Senado. Pese a ello, afirmó que se debe analizar igualmente la presentación de una iniciativa de expulsión para fijar una postura política frente al escándalo.
Nakayama también endureció el tono y calificó el caso como un ejemplo típico de tráfico de influencias, señalando que el senador se estaría valiendo de su posición política y de su condición de legislador para ofrecer beneficios y gestionar espacios dentro de instituciones públicas.
El opositor sostuvo que la gravedad del episodio no depende necesariamente de que el contrato o favor prometido se haya concretado finalmente, sino del simple hecho de ofrecer o gestionar ventajas aprovechando el poder político que otorga la banca parlamentaria.
Afirmó además que la oposición analizará toda la documentación y el contenido de los audios para definir qué medidas adoptar dentro del Congreso.
El caso gira alrededor de conversaciones mantenidas entre Javier Zacarías Irún y el operador político Osvaldo Sánchez, dirigente colorado y precandidato a concejal de Ciudad del Este, quien reclama supuestos compromisos incumplidos relacionados con dinero y contratos en Itaipú.
En las grabaciones, el senador oficialista se pone a disposición del operador para ayudarlo en gestiones y menciona incluso la posibilidad de conseguir un cargo dentro de la binacional, donde actualmente su hermano Justo Zacarías Irún ocupa la dirección paraguaya.
La filtración también expuso el reclamo de USD 7.000 que supuestamente el operador exigía como pago por trabajos políticos realizados durante campañas electorales.
Mientras tanto, el caso volvió a instalar el debate sobre la utilización de las instituciones públicas como espacios de reparto político y sobre la práctica cada vez más cuestionada de utilizar la influencia parlamentaria para beneficiar a operadores, dirigentes y allegados.
El episodio además golpea a la Cámara Alta en un momento particularmente delicado, luego de una serie de escándalos que derivaron en expulsiones, renuncias y salidas de legisladores vinculados a casos judiciales y denuncias de corrupción.
Entre los antecedentes recientes aparecen las salidas de Hernán Rivas y Erico Galeano, además de otros casos que dejaron al Senado bajo permanente cuestionamiento ciudadano por el blindaje político y la protección a parlamentarios investigados.
En caso de que eventualmente prospere una pérdida de investidura contra Zacarías Irún, quien asumiría la banca sería Juan Carlos "Nano" Galaverna.
Mientras Honor Colorado intenta bajar el tono del escándalo y evitar que avance cualquier intento de sanción, la oposición busca instalar el debate sobre la necesidad de cortar con prácticas que consideran ya institucionalizadas dentro del Congreso.
El nuevo caso vuelve así a poner sobre la mesa una discusión cada vez más incómoda para el Senado: si el tráfico de influencias y el intercambio de favores políticos terminaron convirtiéndose en una práctica tolerada dentro del poder o si finalmente la Cámara Alta comenzará a aplicar el mismo criterio de sanción para todos sus integrantes.