PolíticaCámara de Diputados
Un proyecto de ley que propone modificar las atribuciones de las municipalidades en materia de seguridad fue presentado recientemente en la Cámara de Diputados por el legislador Daniel Centurión.
La iniciativa se enfoca en incorporar la seguridad ciudadana como una función específica de los municipios y crear un marco legal para la Policía Municipal de Seguridad Ciudadana.
La exposición de motivos del proyecto destaca que la Constitución Nacional, en sus artículos 166 y 168, reconoce a las municipalidades como órganos de gobierno local con autonomía política, administrativa y normativa, facultándolas para actuar en áreas como urbanismo, ambiente, educación, cultura, deporte, asistencia sanitaria y social, así como en cuerpos de inspección y policía.
El documento señala que este "poder de policía" debe interpretarse de manera amplia pero limitada a las funciones propias de los municipios, y aclara que la labor de la Policía Municipal no puede reemplazar ni traspasar las competencias de la Policía Nacional, conforme al artículo 175 de la Constitución.
La propuesta plantea que las municipalidades, especialmente las de mayor población y presupuesto, puedan colaborar con la Policía Nacional en acciones concretas para prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad en sus comunidades.
Entre los objetivos del proyecto se encuentra que la Policía Municipal de Seguridad Ciudadana funcione como un órgano especializado, con funcionarios capacitados y dedicados exclusivamente a tareas de prevención y asistencia comunitaria, trabajando 24 horas, los siete días de la semana, según la capacidad financiera de cada municipio.
El legislador Centurión destacó que la medida permitirá reducir de manera significativa el déficit existente en materia de seguridad.
La iniciativa modifica el inciso c), numeral 11, del artículo 12 de la Ley N° 3966/2010, incorporando la seguridad ciudadana entre las funciones municipales.
Asimismo, amplía el artículo 56, definiendo que la Policía Municipal deberá coordinar acciones con la Policía Nacional en prevención de delitos, mantener el orden y la tranquilidad en el ámbito barrial y comunitario, organizar escuelas de formación de funcionarios en seguridad ciudadana y establecer convenios con entidades públicas o privadas para su capacitación.
Además, tendrá la responsabilidad de detectar conflictos vecinales y fortalecer la relación entre la comunidad y la Policía Nacional para labores preventivas.
El proyecto será debatido tras el reinicio de las actividades parlamentarias en marzo en las comisiones de Legislación y Codificación; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Asuntos Municipales y Departamentales; y Reestructuración y Modernización del Estado.
