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La iniciativa pretende reformar y fortalecer la Ley Nº 6103, que actualmente rige el Programa Nacional de Atención Integral a los Trastornos del Espectro Autista (PNAITEA).
Entre las propuestas más innovadoras del documento se encuentra la creación de un carnet oficial con un código de colores que indique el grado de severidad del trastorno en cada caso. Este documento, que sería expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tras el diagnóstico correspondiente, servirá como herramienta de identificación para garantizar atención prioritaria tanto en instituciones públicas como privadas, no solo dentro del país sino también en el exterior.
El carnet facilitaría el acceso preferencial en lugares como oficinas gubernamentales, hospitales, escuelas, bancos, unidades de transporte público, centros de entretenimiento, e incluso en procesos migratorios en aeropuertos y pasos fronterizos. Además, se reconoce la figura del acompañante como parte esencial del entorno de la persona con TEA, por lo que los tutores o familiares habilitados también podrían utilizar el documento mientras acompañen al beneficiario.
El proyecto incorpora además un régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas. En el ámbito público, los funcionarios que falten al respeto de los derechos garantizados podrían recibir desde una amonestación escrita hasta ser sometidos a sumarios que deriven en destitución en caso de faltas reiteradas o discriminación comprobada. En el sector privado, las medidas punitivas van desde advertencias formales hasta multas económicas y la suspensión temporal de licencias de funcionamiento en situaciones de reincidencia grave.
La propuesta también contempla la conformación de un Registro Nacional de Personas con TEA beneficiarias del carnet, cuyo objetivo será ofrecer datos estadísticos que permitan elaborar políticas públicas más eficientes, siempre con garantías de confidencialidad sobre la información personal.
Asimismo, el documento plantea que todos los entes públicos y privados donde se preste atención al público deberán exhibir carteles que informen sobre la vigencia del beneficio y capacitar a su personal para el trato adecuado hacia personas con TEA.
El legislador impulsor del proyecto argumenta que las personas con este diagnóstico y sus familias enfrentan numerosas barreras todos los días, muchas de ellas relacionadas a la falta de empatía, desconocimiento o limitaciones estructurales. En ese sentido, explicó que esta propuesta pretende asegurar beneficios reales, con impacto concreto en la calidad de vida y la inclusión efectiva de los afectados.
