Populismo y medidas "parche", las propuestas políticas tras crimen de Fernanda
El asesinato de la adolescente María Fernanda Benítez generó una fuerte conmoción en el país, pero también encendió una serie de respuestas por parte del Congreso Nacional que desataron críticas inmediatas por su contenido calificado como populista, efectista y desconectado de las causas estructurales de la violencia contra mujeres y adolescentes.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado liberal Freddy Franco, quien anunció que está evaluando presentar un proyecto de ley que obligue a los menores de edad condenados por hechos punibles a cumplir el servicio militar obligatorio. La iniciativa, que justificó como una "solución parche inmediata", busca evitar —según él— que los jóvenes condenados salgan de las penitenciarías como "profesionales del crimen organizado". Para el legislador, el país ha perdido valores como el respeto a la familia y la disciplina, por lo que aboga por una vuelta a los "tiempos de antes".
En la misma línea de endurecimiento punitivo, el diputado opositor Rubén Rubín propuso establecer la cadena perpetua para autores de homicidios, incluidos los menores de edad. En su "plan de emergencia de seguridad nacional", también plantea rehabilitación obligatoria para adictos, juzgar a adolescentes como adultos y permitir el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna. "Los menores asesinos deben ser juzgados como adultos", dijo Rubín, quien incluso sugirió que la Constitución no limita explícitamente ni la cadena perpetua ni la pena de muerte, desatando una ola de repudio por el tono extremo de sus declaraciones.
Las propuestas no han logrado aún respaldo político en el Congreso, pero marcaron la tónica de un discurso que para muchos apunta a capitalizar políticamente el dolor social, en lugar de discutir seriamente reformas estructurales. Organizaciones de derechos humanos, referentes del ámbito educativo y voces desde la sociedad civil han advertido sobre el peligro de respuestas impulsivas, que no atienden los factores de fondo como la desprotección infantil, la falta de políticas de prevención, la deserción escolar o la ausencia de redes comunitarias.
El propio presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, no quedó fuera de la polémica. Antes del inicio de la sesión ordinaria del martes, afirmó que la adolescente fue asesinada por negarse a abortar, lo que consideró una "aberración" que exige una reacción contundente del Estado. Latorre anunció que llevará a la Mesa Directiva una propuesta para trabajar en una agenda legislativa que incluya el debate sobre bajar la edad de responsabilidad penal, aumentar penas, implementar sistemas de alerta temprana y aplicar el servicio militar obligatorio.
Mientras tanto, el caso de María Fernanda sigue en proceso de investigación judicial y la sociedad paraguaya continúa exigiendo justicia. Pero la atención se ha volcado también sobre el Congreso, cuyos miembros se encuentran bajo escrutinio por reaccionar con proyectos que, para muchos, buscan más titulares que soluciones reales. La crítica apunta a que, en lugar de emprender una revisión seria de las políticas públicas de protección a la niñez y adolescencia, los legisladores han optado por discursos simplistas que ignoran la raíz del problema: una estructura estatal que históricamente ha fallado en cuidar a sus niños, niñas y adolescentes.