El presidente de la República, Santiago Peña, convocó para hoy a una cumbre de poderes en el Palacio de López, en medio del escándalo de corrupción que salpica al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La reunión, fijada para las 8:00, contará con la presencia de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y Raúl Latorre; el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez.
El jefe de Estado aseguró que el encuentro tiene como objetivo evaluar la situación actual y definir acciones conjuntas para enfrentar la corrupción. “Debemos dialogar todos sobre esta problemática y luchar juntos en contra de la corrupción, que es un flagelo que nos afecta a todos los paraguayos. Estoy preocupado, pero me estoy ocupando de estos temas, tomando acciones”, afirmó.
El escándalo en el JEM se destapó tras la filtración selectiva de mensajes y audios vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, que presuntamente revelan una red de manipulación judicial y tráfico de influencias. La polémica ya tuvo su primera consecuencia política con la renuncia del diputado Orlando Arévalo, quien dejó su cargo como vicepresidente primero del JEM y posteriormente presentó su dimisión como parlamentario para evitar un proceso de pérdida de investidura.
Peña, quien se pronunció sobre el caso durante una verificación de obras en San Lorenzo, enfatizó que la Justicia debe actuar con independencia. “Hace algunos días nos enteramos de estas filtraciones de mensajes y entrega de audios. No sabemos realmente la magnitud de todo esto. Esto no forma parte de una investigación del Ministerio Público, no hay informaciones proporcionadas por fuentes oficiales. A pesar de que mucha gente quiere tener mi opinión, yo no soy un comentarista, soy el presidente de la República del Paraguay, tengo una responsabilidad y una investidura y lo trato de honrar”, expresó.
La reunión de hoy en el Palacio de López se desarrolla en un contexto de creciente presión sobre las instituciones judiciales y políticas, mientras la ciudadanía exige mayor transparencia y sanciones ejemplares para los responsables.
