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Explicó que Paraguay busca avanzar en línea con otros países que ya utilizan este tipo de tecnología, incluso en algunos casos para resolver infracciones menores. Sin embargo, remarcó que esas aplicaciones se restringen a cuestiones simples y no a litigios complejos donde existen derechos en disputa.
Ríos sostuvo que en los casos judiciales entre personas, la inteligencia artificial puede servir como apoyo, pero no tiene la capacidad de analizar el contexto completo ni de tomar decisiones finales. En ese sentido, insistió en que la última palabra siempre debe estar en manos de un juez.
Indicó que uno de los principales beneficios de estas herramientas es la rapidez con la que pueden procesar grandes volúmenes de información, permitiendo resumir expedientes extensos o generar marcos teóricos en poco tiempo, lo que agiliza el trabajo de magistrados y funcionarios.
No obstante, advirtió que la tecnología tiene límites importantes, especialmente en lo que respecta a la comprensión de situaciones humanas particulares. Señaló que decisiones sensibles, como conflictos de propiedad o desalojos, requieren un análisis profundo que solo puede realizar una persona.
El ministro también recordó que desde hace tiempo viene promoviendo el uso de inteligencia artificial dentro de la Corte, como una herramienta para modernizar el sistema judicial y hacerlo más eficiente.
Estas declaraciones se dan en el marco de una resolución recientemente aprobada por la Corte Suprema, que establece reglas claras para el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial. La normativa fija que estas herramientas deben ser utilizadas con criterios de ética, transparencia y responsabilidad, y siempre como complemento del trabajo humano.
Además, se establece la obligación de informar cuando se utilicen estos sistemas, especialmente en casos donde puedan afectar derechos o garantías de las personas.
Con este enfoque, el Poder Judicial apunta a incorporar tecnología para mejorar su funcionamiento, pero sin delegar en algoritmos la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos.
