Poder Judicial se planta y busca frenar análisis exprés de la reforma de la Caja Fiscal
Funcionarios, defensores públicos, fiscales y jueces coincidieron en rechazar el ritmo impuesto al estudio de la iniciativa y reclamaron ser incorporados al debate de un sistema que impacta directamente en sus jubilaciones y en la economía familiar de miles de trabajadores del sector.
La postura común fue definida durante una reunión presencial realizada en Asunción, a la que se sumaron más de un centenar de participantes de manera virtual. Allí se resolvió remitir dos notas formales: una al presidente de la Cámara de Diputados, solicitando la postergación del tratamiento previsto para esta semana, y otra al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, con el pedido de reabrir una mesa de diálogo que, según los gremios, había sido prometida meses atrás pero nunca concretada.
Desde el sector judicial cuestionan que el proyecto haya sido impulsado durante la feria judicial y en un periodo de vacaciones, lo que —sostienen— limitó seriamente la posibilidad de análisis y participación de los afectados. Advierten que la convocatoria a audiencias públicas en esas condiciones terminó excluyendo a buena parte de los funcionarios y magistrados del debate.
Uno de los voceros del encuentro señaló que la forma en que se está llevando adelante el estudio de la reforma generó un profundo malestar en la magistratura, al considerar que se intenta definir cambios estructurales en el sistema previsional sin el debido diálogo social. Recordó que el sector ya había mantenido reuniones preliminares con autoridades económicas a fines del año pasado, en las que se había asumido el compromiso de continuar las conversaciones, algo que finalmente no ocurrió.
Los gremios subrayan que no se oponen a una reforma de la Caja Fiscal en sí misma, pero rechazan que se avance sin escuchar a todos los sectores involucrados. Insisten en que la jubilación no es un tema menor y que cualquier modificación afecta el núcleo de la seguridad económica y familiar de quienes integran el sistema previsional público.
En ese sentido, remarcan que su reclamo no se plantea desde una posición corporativa, sino como ciudadanos que exigen participar en la construcción de una norma que incidirá de manera directa en su futuro. Sostienen que acelerar el tratamiento del proyecto sin consenso ni debate amplio vulnera el derecho a la participación y debilita la legitimidad de una reforma de alto impacto social y económico.
La nota dirigida al Ministerio de Economía apunta a reactivar el diálogo técnico y político, con la participación de defensores públicos, fiscales y magistrados, a fin de discutir el contenido del anteproyecto y sus consecuencias. Desde el sector judicial consideran que la iniciativa fue presentada de forma prematura y sin el proceso de socialización que requiere una reforma de esta magnitud.
Mientras tanto, los gremios mantienen su estado de alerta y no descartan nuevas medidas si el Congreso insiste en avanzar con el tratamiento acelerado. El conflicto suma así un nuevo foco de tensión al debate por la Caja Fiscal, en momentos en que distintos sectores del sector público cuestionan el alcance y la forma en que el Gobierno impulsa los cambios al sistema previsional.