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Esta medida, firmada por el presidente de la República, Santiago Peña, se fundamenta en la Ley Nº 3966/2010 "Orgánica Municipal", que ordena agrupar los municipios según sus presupuestos generales y tamaño poblacional, exceptuando a la ciudad de Asunción.
La nueva clasificación distribuye los 262 municipios del Paraguay en al menos dos grupos, afectando directamente la integración de las Juntas Municipales. De acuerdo con el artículo 24 de la ley vigente, la cantidad de concejales titulares y suplentes que corresponde a cada municipio depende de esta categorización. Así, con este decreto, queda formalmente establecida la base legal para determinar cuántos escaños estarán en juego en cada localidad durante los comicios municipales previstos para el año 2026.
El Primer Grupo está conformado por 30 municipios, en su mayoría capitales departamentales como Concepción, Villarrica, Encarnación, Pedro Juan Caballero, Caacupé, Ciudad del Este y otras ciudades densamente pobladas como Luque, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora, Capiatá y Ñemby. Estas ciudades contarán con el número máximo de concejales permitido por ley, en proporción a su presupuesto y población.
En el Segundo Grupo figuran 117 municipios, entre ellos centros urbanos medianos e intermedios como Eusebio Ayala, Piribebuy, Villa Elisa, Itá, San Ignacio, Yuty y Santa Rosa del Aguaray, que tendrán una cantidad menor de concejales. La lista continúa con localidades de menor escala que, a pesar de su limitada estructura presupuestaria, también tendrán representación garantizada en sus respectivas juntas municipales, ajustada a su categoría.
La determinación de la cantidad de concejales por municipio es un paso fundamental en la organización del proceso electoral, ya que permite al Tribunal Superior de Justicia Electoral preparar con antelación la infraestructura jurídica y logística de los comicios, así como informar con claridad a los electores sobre las reglas del juego en cada distrito.
Con esta disposición, el gobierno busca garantizar una representación proporcional, funcional y legalmente sustentada en todas las municipalidades del país, generando condiciones más equitativas de competencia y administración local. La clasificación deberá revisarse antes de cada elección, tal como lo establece la legislación vigente.
