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En la sesión de su Directorio, realizada este miércoles, los liberales manifestaron solidaridad con los jóvenes manifestantes y exigieron respeto al derecho de protesta.
La protesta tuvo lugar pasadas las 16:00, cuando centenares de jóvenes comenzaron a concentrarse en la zona de la Plaza de la Democracia, en el centro capitalino, para expresar su rechazo a la corrupción gubernamental. Lo hicieron bajo consignas como "¡Dictadura nunca más!", intentando marchar hacia el Congreso, aunque la Policía impidió su avance por calle Presidente Franco y alrededores. El operativo policial fue desplegado con gran presencia de agentes de las fuerzas especiales y controles sobre los manifestantes desde el ingreso al perímetro del centro histórico.
Durante la manifestación, algunos manifestantes denunciaron aprehensiones irregulares y atropellos por parte de motocicletas de agentes Lince. Se reportaron al menos 28 detenciones, que luego fueron anuladas: el lunes los 28 jóvenes liberados tras ser detenidos, luego de que la Fiscalía determinara que no se comprobó su participación en hechos punibles como perturbación de la paz pública, resistencia o vandalismo. Al salir, corearon juntos "¡Dictadura nunca más!".
El PLRA no solo repudió la intervención policial, sino que también elogió el papel de los jóvenes manifestantes. En su comunicado, el partido aseguró que la verdadera violencia es la corrupción institucional, los contratos sobrefacturados y la falta de transparencia del Gobierno. Al mismo tiempo, anunció decisiones internas: dejar sin efecto una sesión sin quórum del Tribunal de Conducta, ratificar su apoyo al candidato Daniel Pereira Mujica en Ciudad del Este y realizar reemplazos en sus cargos organizativos al interior del partido.
El ministro del Interior, Enrique Riera, evitó pronunciarse directamente sobre los hechos y pidió permiso para ausentarse de sus funciones aduciendo motivos médicos. Mientras tanto, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, justificó el uso de la fuerza alegando que algunos manifestantes habrían promovido actos de desobediencia y provocación, calificando a los manifestantes de vándalos.
La marcha de la Generación Z, además de su simbolismo juvenil y libertario, ha puesto de relieve el debate sobre los límites del derecho a manifestarse, el uso proporcional de la fuerza estatal y los riesgos que enfrentan los ciudadanos al exigir rendición de cuentas. En este escenario, la respuesta política frente al reclamo de los jóvenes y al manejo policial definirá si el Estado afianza su legitimidad o si genera mayor deterioro de la confianza pública.
