Plataforma de derechos humanos pide al Senado creación de comisión por tierras malhabidas
Este jueves 10 de diciembre, día mundial de los derechos humanos, la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia presentó al Congreso un anteproyecto de Ley para la creación de una Comisión Nacional “para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”.
La iniciativa pretende crear una Comisión Interinstitucional integrada por representantes de ambas cámaras del Congreso, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Instituto Paraguayo del Indígena, Corte Suprema de Justicia, Dirección General de los Registros Públicos, Servicio Nacional de Catastro y Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC, para la búsqueda de “soluciones viables a la problemática de las tierras malhabidas”, y “el cumplimiento del programa constitucional vigente sobre la reforma agraria”.
El documento fue ingresado este jueves en el Senado, con la firma del constitucionalista Luis Lezcano Claude, el doctor Rogelio Goiburú, el doctor Alberto Alderete, y la abogada especialista en derechos humanos Milena Pereira Fukuoka.
La Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia, es un colectivo que articula a organizaciones del movimiento social y popular; organizaciones campesinas como CONAMURI, Cultiva Paraguay; organizaciones sindicales como la CCT; organizaciones de luchadores y luchadoras contra la dictadura, como CODELUCHA, entre otras, y también individualidades, entre abogados, sociólogos, comunicadores, trabajadores sociales y activistas por los derechos humanos.
“Esta es una herramienta permanente para llevar adelante una agenda de lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, y que se conforma a partir de los aprendizajes y la experiencia acumulada en casos como el de Curuguaty, la defensa de los campesinos y campesinas que habían sido privados de su libertad de manera arbitraria”, explicó a El Nacional la abogada Pereira Fukuoka.
“Nuestros ejes tienen que ver con el derecho a la memoria, la verdad y la justicia; todo lo que tiene que ver con derechos territoriales, los desalojos forzosos, el derecho a la alimentación, que trabajamos mucho este año con el tema de la pandemia y la crisis, apoyamos ollas populares, presentamos amparos colectivos por el derecho a la alimentación”, agregó.
Acuerdo social
El anteproyecto dirigido al presidente del Senado Oscar Salomón, fundamenta la creación de la comisión de marras en la inacción institucional que siguió al informe final en 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia, que fuera creada en 2003 por el mismo Congreso.
“Hasta el año 2003, el 19.3 % del territorio nacional se encontraba afectado por la grave ilegalidad que representan las tierras malhabidas. Tras la conversión del Instituto de Bienestar Rural (IBR) en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en 2004, la corrupción en materia de adjudicación de tierras agrarias continuó, desconociéndose la cantidad de tierras malversadas entre 2003 y 2020”, señala el documento.
“La Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna línea de investigación respecto de ese esquema tan grave de corrupción, de malversación de tierras públicas que debían ser destinadas a las y los sujetos de la reforma agraria, pese a haberse constatado que el mismo continuó funcionando luego de la apertura política en 1989. Tampoco ha sido posible recuperar ninguna tierra malhabida a través de procedimientos judiciales tramitados ante la jurisdicción civil, con la excepción de una parte de las tierras de la comunidad San Isidro del Jejuí”, agrega.
Denuncia que en este periodo “se ha profundizado y expandido el carácter fraudulento de la base territorial del país, sumándose a las millones de hectáreas de tierras malhabidas identificadas hasta 2003, un esquema de adquisición ilegal de lotes por no sujetos de la reforma en colonias y asentamientos campesinos, casos de apropiación ilegal de territorios indígenas, realización de transacciones fraudulentas con inmuebles públicos y la generación de una amplísima superposición de títulos de propiedad”.
Argumenta que la única manera de sanear la propiedad de la tierra en nuestro país es mediante un “acuerdo social y político sobre los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas identificadas por la CVJ, en particular, aquellas malversadas por la dictadura stronista en un contexto de terrorismo de Estado”.
El informe
En 2008, la CVJ presentó su informe final, cuyo capítulo cuarto detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, adjudicadas ilegalmente durante la dictadura, y también después. El informe, que habla del reparto de tierras públicas entre 1954 y 2003, concluyó que el 32,7% de las mejores tierras del país fueron entregadas irregularmente a personas que no podían ser beneficiarias de la reforma agraria.
La Comisión informó haber encontrado “graves irregularidades que tornan nulas dichas adjudicaciones y cuya nómina eleva a los poderes del Estado para que, por intermedio del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, se inicie la investigación que conduzca, de confirmarse las irregularidades denunciadas, a la recuperación de dichas tierras por el Estado paraguayo”.
La lista adjuntada incluía a políticos, militares, narcos, seccionales coloradas e incluso a autoridades nacionales actuales, como las familias de los senadores Enrique Bachetta y Fidel Zavala; el director de Itaipú Ernst Bergen, y su esposa, y del mismo Abdo Benítez.
El informe cita también al general Andrés Rodríguez, el primer Presidente de la vuelta a la democracia, consuegro de Stroessner y cabecilla del golpe que lo derrocó, con más de 24.000 hectáreas de tierras malhabidas en distintos puntos del país. Hasta el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza, asesinado durante su exilio en Paraguay en 1980, aparece también con unas 8.000 hectáreas. También, el excanciller Eladio Loizaga, con 16 mil hectáreas, y el asesinado vicepresidente Luis María Argaña, con más de 7 mil hectáreas.
Desde la presentación del informe hasta hoy, no hubo intentos decididos de revisar la situación de las tierras denunciadas por la CVJ, excepto durante el gobierno de Fernando Lugo, pero luego decayeron con las administraciones de Federico Franco, Horacio Cartes y Abdo Benítez.
El tema de las tierras malhabidas ha vuelto a resurgir durante los meses de la emergencia sanitaria, y ha provocado una escalada de polémicas públicas, duelos parlamentarios, que convulsionaron el ambiente político y que incluso tuvo entre sus antagonistas al propio presidente de la República.
Dice el abogado Abel Areco, investigador del centro de estudios de la realidad paraguaya BASE-IS, que “con solo recuperar las tierras malhabidas existentes en poder de 15 beneficiarios ilegales, se tendría tierra para redistribuir a 7.000 familias campesinas”.