Plantean obligar a candidatos presidenciales a debatir por ley y abrir el juego electoral
La propuesta sostiene que quienes aspiran al cargo más alto del país deben someterse al escrutinio público de sus ideas, no como una imposición arbitraria, sino como parte de las responsabilidades inherentes a la función que pretenden ejercer. En ese sentido, se plantea que el voto verdaderamente libre solo puede darse cuando el elector cuenta con información clara, comparable y accesible.
El proyecto establece la realización de dos debates obligatorios durante el proceso electoral. Uno de ellos deberá llevarse a cabo fuera de la capital, en una ciudad del interior que será definida por la autoridad electoral, con la intención de descentralizar la discusión política y acercarla a distintas regiones del país.
Asimismo, se dispone que los encuentros sean transmitidos sin costo a través de medios públicos, privados y plataformas digitales, incorporando además herramientas de accesibilidad como interpretación en lengua de señas.
La organización y regulación de los debates quedará a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que tendrá la responsabilidad de convocar a los candidatos, coordinar aspectos logísticos y definir reglas en caso de no existir consenso entre los participantes sobre temas como formato, moderación o contenido.
En cuanto a la dinámica, se prevé igualdad en los tiempos de exposición y réplica, así como la definición de turnos mediante sorteo en vivo, con una duración que variará según la cantidad de candidatos en carrera.
El proyecto también introduce sanciones para quienes decidan no participar. En ese caso, el candidato perderá el acceso a espacios gratuitos de propaganda en medios de comunicación, los cuales serán reasignados a quienes sí cumplan con la obligación. Además, durante el debate, se dejará visible el lugar vacío correspondiente al ausente, como señal pública de su negativa a confrontar ideas.
Para las candidaturas a la Vicepresidencia, en cambio, la participación en debates se mantiene como una opción voluntaria, sujeta al acuerdo entre los postulantes.
La iniciativa se enmarca en un contexto donde crece el debate sobre la necesidad de transparentar las campañas electorales y generar condiciones más equitativas para todos los candidatos, independientemente de sus recursos o estructura política.