PolíticaBrasil entregó informe al gobierno
El senador Rafael Filizzola solicitó formalmente a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que convoque al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, para explicar en sesión plenaria el manejo del episodio de espionaje atribuido a Brasil, hecho que llevó a la suspensión temporal de las negociaciones del Anexo C de Itaipú.
Según Filizzola, el incidente afecta directamente temas estratégicos para el Paraguay, por lo que considera insuficiente que el Ejecutivo limite su explicación a documentos de carácter reservado.
"He presentado una solicitud para que el canciller Rubén Ramírez Lezcano comparezca ante el Senado y explique en qué términos se resolvió el impasse generado por el espionaje del Brasil, que llevó a frenar las negociaciones sobre Itaipú", expresó.
El legislador insistió en que el caso requiere una rendición de cuentas clara y pública, atendiendo a las implicancias diplomáticas y a los posibles efectos en la relación bilateral.
"Por el impacto que tuvieron estos hechos en la política exterior y por las consecuencias que implican retrocesos en temas de alto interés para el Paraguay, esta situación no puede quedar limitada a la simple recepción de un informe reservado. Deben dar explicaciones", afirmó.
El documento presentado ante la Comisión detalla los puntos que el canciller deberá abordar ante el Senado. En primer lugar, se solicita que precise el alcance concreto de las denuncias que provocaron la crisis, incluyendo su naturaleza y gravedad.
También se requiere que exponga el contenido fundamental del informe presentado por Brasil, justificando las razones por las cuales este fue clasificado como reservado.
Asimismo, el Senado espera que Ramírez Lezcano explique las condiciones específicas bajo las cuales se dio por superado el conflicto y se decidió retomar la agenda bilateral en torno al Anexo C de Itaipú.
Finalmente, deberá analizar las implicancias del episodio en los mecanismos de protección de información sensible, la seguridad de las comunicaciones oficiales y el impacto potencial en futuras negociaciones internacionales del país.
La convocatoria queda ahora a consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá resolver si cita o no al canciller para responder ante el pleno.
