Alto Paraguay

Persisten inundaciones en el Chaco: diputados claman por ayuda

Las intensas lluvias que azotan desde hace semanas el norte del país han sumido al Departamento de Alto Paraguay en una crítica situación de emergencia.
Chaco paraguayo bajo agua. Gentileza.

Inundaciones de gran magnitud mantienen aisladas a numerosas comunidades chaqueñas, mientras crecen los reclamos de representantes del Congreso por una respuesta más decidida del Gobierno Nacional.

El diputado José Domingo Adorno (ANR-Alto Paraguay) presentó esta semana un proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia a todo el departamento chaqueño y, además, exonerar temporalmente del pago de energía eléctrica a los pobladores de los cuatro distritos más afectados: Fuerte Olimpo, Bahía Negra, Capitán Carmelo Peralta y Puerto Casado.

"Desde hace más de dos meses, el río no da tregua y está causando un impacto devastador en la población", señaló el parlamentario en su exposición de motivos. El desborde de cauces hídricos, como consecuencia directa de las intensas precipitaciones, ha obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en albergues improvisados o comunidades vecinas.

A los estragos sociales se suman los daños en infraestructura. Caminos, puentes y otras vías de comunicación se encuentran gravemente afectados, dificultando la llegada de asistencia humanitaria y manteniendo aisladas a vastas zonas del territorio.

"La situación es insostenible", advirtió Adorno. "La economía está paralizada. Las actividades agrícolas y ganaderas, sustento principal de muchas familias chaqueñas, están completamente detenidas".

El proyecto de ley propone que la ANDE exima del pago de energía eléctrica a los afectados durante el periodo de emergencia, sin suspender el servicio por deudas anteriores. También insta al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para garantizar recursos destinados a la asistencia.

Además, de ser aprobado, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) deberá rendir cuentas mensualmente al Congreso sobre el avance de las tareas de recuperación en las zonas afectadas.

La norma contempla un plazo de quince días para que el Ejecutivo reglamente la ley tras su promulgación.

Mientras tanto, en el terreno, las aguas siguen subiendo. Y en el Parlamento, los legisladores que representan al Chaco insisten en que no se puede seguir ignorando la urgencia humanitaria que vive una región históricamente relegada.