Persisten las dudas sobre la cadena de mando en el asesinato de Rodrigo Quintana
Las críticas por el alcance limitado de la investigación se intensificaron tras conocerse la sentencia, especialmente por parte de referentes de la oposición y de la familia de la víctima, quienes apuntan a una presunta protección a los responsables políticos de la brutal represión ocurrida en abril de 2017.
Rodrigo Quintana fue asesinado en la madrugada del 1 de abril de ese año, cuando efectivos policiales irrumpieron violentamente en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en el marco de las protestas contra el intento de habilitar la reelección presidencial a través de una enmienda constitucional impulsada por el entonces mandatario Horacio Cartes. La acción policial dejó como saldo la muerte del joven dirigente liberal y generó un repudio masivo a nivel nacional e internacional.
La condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por los magistrados Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, quienes consideraron que las pruebas presentadas por los fiscales Hernán Galeano y Marlene González fueron suficientes para establecer la responsabilidad directa de Florentín en el crimen. Sin embargo, el proceso judicial no abordó quién dio la orden para ingresar al local partidario ni por qué se ejecutó un operativo de esas características sin una cadena clara de mando.
El senador opositor Rafael Filizzola cuestionó duramente el proceso y sostuvo que el caso fue manipulado para evitar comprometer a figuras de alto rango del gobierno de Cartes. "Esta es la crónica de una 'fábula' anunciada", expresó, señalando que se borraron registros de comunicación clave de la Policía Nacional y se montó un operativo judicial para proteger a los posibles responsables políticos, entre ellos el expresidente Horacio Cartes, el exministro del Interior, altos mandos policiales y civiles que se habrían comunicado con la fuerza pública en esa jornada.
Por su parte, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de la familia Quintana, manifestó su frustración por lo que calificó como un bloqueo a la búsqueda de justicia. Según explicó, se les entregó un extracto de llamadas del comandante de la Policía de aquel entonces, pero el cruce de datos no solo resultó incompleto, sino que —a su entender— fue utilizado para desviar la investigación. Afirmó además que hubo comunicaciones entre el entonces comandante Críspulo Sotelo y personas vinculadas al proceso de enmienda constitucional que nunca fueron objeto de análisis serio por parte del Ministerio Público.
Tanto la defensa de la familia como sectores políticos críticos al oficialismo de entonces coinciden en que la investigación fue diseñada para cerrar rápidamente un capítulo incómodo, evitando llegar hasta los verdaderos responsables de una orden que terminó con la vida de un joven dirigente político. "Los delitos de lesa humanidad no prescriben", advirtió Filizzola, asegurando que, aunque intenten pasar página, la verdad seguirá siendo exigida por la ciudadanía y por los familiares de Quintana.
El fallo, aunque representa un hito judicial importante, deja abierta una herida que para muchos solo podrá sanar cuando se revele toda la verdad detrás del operativo que manchó con sangre una noche de protesta democrática.