Permiso a Rivas desata acusaciones de inconstitucionalidad
La iniciativa, que será llevada al pleno para su eventual aprobación, es vista como una reedición del mecanismo aplicado anteriormente al senador Erico Galeano, lo que refuerza las críticas sobre la utilización de figuras no contempladas en la normativa vigente para evitar sanciones más severas como la pérdida de investidura.
El abogado César Trapani cuestionó con dureza la decisión impulsada por el oficialismo, señalando que este tipo de permisos vulnera el funcionamiento del sistema representativo y debería ser objeto de acciones judiciales. A su criterio, la situación no solo compromete el caso individual de Rivas, sino que también refleja un esquema de protección política más amplio.
En la misma línea, la abogada Cecilia Pérez ironizó sobre el argumento del senador para solicitar el permiso, sosteniendo que el propio planteamiento deja en evidencia las dudas sobre su título profesional, eje central de la causa que enfrenta.
Desde el Congreso, las críticas también apuntan a que la medida lejos de significar un apartamiento real, representa un respaldo encubierto. El diputado Raúl Benítez sostuvo que la decisión confirma que el oficialismo no busca desprenderse del legislador, sino sacarlo del foco público mientras se diluye la presión mediática.
Por su parte, el senador Éver Villalba comparó la situación con privilegios exclusivos dentro del oficialismo y denunció que se trata de un beneficio al que solo acceden determinados sectores políticos, reforzando la idea de un trato diferenciado.
En medio del debate, el senador Eduardo Nakayama reconoció que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con el permiso, aunque advirtió sobre los riesgos políticos y jurídicos de acompañar o legitimar la medida. Según explicó, incluso una eventual mayoría para expulsar a Rivas podría terminar validando precedentes cuestionados, como el caso de Kattya González.
La discusión se produce además en un contexto en el que la figura del presidente Santiago Peña aparece vinculada al proceso, luego de su participación en reuniones políticas donde se habría avalado la salida temporal del legislador, lo que alimenta la percepción de respaldo desde las más altas esferas del oficialismo.
Mientras se aguarda la definición en el Senado, el caso vuelve a instalar el debate sobre los límites legales de este tipo de permisos y sobre el uso de mayorías parlamentarias para resolver situaciones judiciales de legisladores, en un escenario donde la oposición advierte sobre una peligrosa normalización de prácticas que consideran alejadas del marco constitucional.