PolíticaInterventor de Asunción
La idea, que fue expuesta en una entrevista televisiva, generó inmediatas críticas y fue calificada por algunos sectores como una especie de "canje de funcionarios" o incluso un "canje municipal", desatando acusaciones de improvisación y clientelismo encubierto.
Pereira aseguró que su objetivo es implementar un plan de racionalización del gasto público, especialmente en lo que refiere a la estructura de personal, que según él está sobredimensionada. Aunque reconoció que su propuesta no figura entre los puntos centrales de su intervención, dijo que le parecía necesario dejar sentadas bases para una reingeniería institucional que permita reducir la carga salarial sin necesidad de despidos masivos. De acuerdo a su planteamiento, las empresas privadas podrían asumir el costo de esos salarios como una forma alternativa de pagar sus deudas con la municipalidad.
Las reacciones no se hicieron esperar. Diversas voces advirtieron sobre los peligros de intentar trasladar empleados públicos al sector privado sin una lógica clara de incorporación laboral, sin concursos ni procesos transparentes, y con el riesgo de fomentar prácticas de acomodo político. La Contraloría General de la República, que impulsa una auditoría sobre la gestión de recursos humanos en la municipalidad, ya había advertido sobre graves irregularidades en las contrataciones. El planteamiento de Pereira aparece como una solución riesgosa frente a un problema estructural: el exceso de funcionarios sin funciones definidas ni perfiles técnicos acordes.
Mientras la intervención en la Municipalidad de Asunción sigue su curso, esta propuesta añade un nuevo capítulo al largo historial de desmanejos en la comuna. Lo que para el interventor podría ser una vía creativa para aliviar las finanzas municipales, para muchos representa una peligrosa puerta a la tercerización clientelista del Estado.
