La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que establece penas más duras por el robo de energía eléctrica. Luego de más de dos horas de debate, hubo 28 votos a favor de la propuesta, que ahora es remitida a la Cámara de Diputados. Durante el estadio en la plenaria, varios legisladores, especialmente de la oposición, sentaron su postura advirtiendo algunos puntos no contemplados en la redacción del documento.
En este caso, el senador Rafael Filizzola lamentó el apresurado tratamiento, expresando su temor a que esta iniciativa de ley realmente se utilice de manera arbitraria y perjudique a los que menos trasgreden.
“La ley no puede castigar de la misma manera un perjuicio ínfimo que uno importante, como en los casos de criptominería, por ejemplo, donde se deja sin luz a una ciudad entera. Creo que la ley penal tiene que ser muy precisa o corremos el riesgo de que se utilice de manera arbitraria o incorrecta, distinta al espíritu del proyecto”, alertó, sin embargo, la propuesta tuvo mayoría de votos y se remitió a la Cámara Baja.
En entrevista exclusiva con el diario El Nacional, cuestionó el apresuramiento de un sector político que se ha hecho una constante en el Congreso actualmente, y que es por la señal del deterioro del funcionamiento del Poder Legislativo.
“El oficialismo usa y abusa de su mayoría e impone muchas veces una agenda apresurada que ni ellos mismos estudian atentamente por eso las leyes salen con deficiencias y muchas veces se señalan las deficiencias en el plenario y a pesar de que son razonables y que están fundamentadas, se prefiere y se opta por el apresuramiento”, lamentó, primeramente.
El legislador, de profesión abogado constitucionalista, pide ahora a los diputados hacer lo que no se hizo en la Cámara Alta, “una distinción entre el robo de energía a gran escala y el robo de energía a menor escala”. Sostiene que es “una cuestión básica de proporcionalidad que tiene que existir en toda pena que se aplique a una acción que es irregular y que trasgrede”.
“Hay situaciones que se tienen que tener en cuenta, como, por ejemplo: asentamientos que están en proceso de regularización y que, por ejemplo, no están titulados, entonces si no están titulados los usuarios individuales no pueden tener un registro de energía. Estas situaciones tienen que estar exceptuadas”, apuntó.
Incluso refiere que cuando la ley habla de uso comercial, no distingue entre el uso comercial que realmente perjudica a gran escala que son, por ejemplo: las criptominerias que deja sin energía a toda una ciudad y eventualmente transgresiones menores.
“No puede haber una misma pena para una situación y otra y así como está la ley, el trato va a ser la misma y probablemente vaya perjudicando a las personas más desaventajadas, de menor condición económica porque no son las que van a acceder a una defensa eficiente”, advirtió.
Proyecto de ley
Se trata del proyecto del Poder Ejecutivo Que modifica el art. 173 del Código Penal y dispone la incautación y comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
El primer artículo establece que el que sustrae energía eléctrica de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje, mediante conductor no autorizado ni destinado a la toma regular de la energía de la instalación o del dispositivo será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa.
Además, cuando el autor realizará la conducta con fines comerciales, industriales o alguna otra actividad lucrativa, abusando de su posición de funcionario o aprovechándose del apoyo de un funcionario que abuse de su competencia o de su posición; la pena privativa de libertad será de dos a diez años.
En los casos determinados para uso intensivo, será castigada también la tentativa y la persecución será de oficio.
El Ejecutivo también pretendía la incautación y administración de los bienes utilizados o producidos en la realización del hecho punible en favor de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), como el caso de las máquinas procesadoras de criptoactivos en criptominerías ilegales, pero los legisladores dejaron de lado esta parte.
