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Para el legislador del Partido Democrático Progresista, la decisión de promulgar la Ley de Arbitraje en la sede del Poder Judicial carece de lógica constitucional, ya que se trata de una atribución propia del Poder Ejecutivo que no requiere, ni justifica, un acto conjunto con magistrados de la máxima instancia judicial. Filizzola sostuvo que el escenario elegido y la forma del anuncio no aportan claridad, sino que profundizan las dudas sobre la naturaleza del relacionamiento entre ambos poderes del Estado.
Según el senador, el Gobierno intentó presentar el encuentro como un gesto de normalidad institucional, pero el trasfondo político sigue sin despejarse. Remarcó que la reunión no respondió a interrogantes clave, especialmente en lo referente a la agenda y los motivos de la cita reservada anterior, de la cual incluso fueron excluidos algunos ministros de la propia Corte. A su criterio, esa falta de explicaciones alimenta la sospecha de que se buscó corregir la imagen pública antes que transparentar decisiones.
Filizzola también cuestionó la forma en que el presidente concibe el vínculo entre las instituciones, señalando que no es la primera vez que, desde el Ejecutivo, se impulsan esquemas que mezclan competencias y erosionan la independencia de los órganos de control. Como ejemplo, mencionó el funcionamiento de espacios donde confluyen entidades que, por mandato constitucional, deberían actuar con autonomía y sin interferencias políticas.
En ese contexto, el senador fue tajante al definir la reunión y el acto posterior como un intento mal ejecutado de "lavado de cara", que lejos de fortalecer la confianza ciudadana, deja expuesto un manejo confuso del equilibrio de poderes. Para Filizzola, mientras no se aclaren los antecedentes y el contenido real de los encuentros entre el Ejecutivo y la Corte, cualquier gesto público será insuficiente para disipar las críticas que hoy rodean al Gobierno.
