PolíticaPolémica
La normativa, conocida popularmente como "ley garrote", entra en vigencia de inmediato tras casi un año de su promulgación.
Esta disposición había sido ampliamente cuestionada por sectores sociales, organizaciones civiles y organismos internacionales, que advirtieron sobre el riesgo de que el Gobierno utilice la ley para ejercer presión sobre entidades que promueven la transparencia y los derechos humanos. Las críticas apuntaban a que el texto otorga al Estado un poder de fiscalización excesivo sobre las ONG, especialmente aquellas que investigan casos de corrupción o que monitorean el uso de fondos públicos.
A pesar de las advertencias, el Ejecutivo avanzó con la reglamentación. El proyecto había sido sancionado en octubre de 2024 y promulgado semanas después, en medio de fuertes observaciones de entidades como la Organización de Estados Americanos, la ONU, Amnistía Internacional y el GAFI, que coincidieron en calificar la ley como una amenaza a la libertad de asociación y a la participación ciudadana.
Desde el oficialismo, sin embargo, se defendió la medida bajo el argumento de que busca "transparencia en el manejo de recursos" de las organizaciones. El propio presidente Peña insistió en que la norma no implica persecución ni restricción de derechos, y que su aplicación se enmarca dentro de los principios constitucionales.
La entrada en vigor del decreto 4806 marca una nueva etapa en la relación del Gobierno con la sociedad civil. Mientras las organizaciones reclaman garantías frente a posibles abusos, el Poder Ejecutivo sostiene que se trata de un paso necesario para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
