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La nueva normativa fue firmada menos de dos días después de su sanción en Diputados, donde terminó imponiéndose la versión modificada por el Senado. Con la decisión del Ejecutivo, quedó firme una reforma que el Gobierno presentó como necesaria para enfrentar el creciente desequilibrio financiero de la Caja Fiscal, pero que sigue generando rechazo en sectores afectados, especialmente en el magisterio.
Entre los principales puntos de la ley se establece que el Estado aportará el 10%, mientras que los trabajadores de sectores superavitarios deberán contribuir con el 16% y los de sectores deficitarios con el 19%. En cuanto a la jubilación ordinaria, para docentes, docentes universitarios y magistrados se fijan 25 años de aporte y 53 años de edad como requisitos mínimos, con una tasa de sustitución inicial del 78%, que podrá incrementarse gradualmente hasta llegar al 90% si el trabajador continúa en servicio.
La legislación también mantiene la jubilación extraordinaria para el magisterio en casos de enfermedad o incapacidad, permitiendo acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y una tasa de sustitución del 40%. A la vez, contempla una etapa transitoria para docentes con más de 20 años de aporte, quienes podrán optar entre el régimen vigente o las nuevas reglas.
Para policías y militares, la edad mínima para la jubilación ordinaria quedó fijada en 55 años, una cifra menor a la que había aprobado inicialmente Diputados. También se incorporó una escala más flexible en la tasa de sustitución de haberes. Asimismo, fueron incluidas disposiciones sobre herederos, invalidez y el mecanismo conocido como "dos por uno" para magistrados judiciales.
La promulgación se produce luego de una jornada legislativa cargada de tensión, en la que diputados cartistas se desmarcaron de la versión inicial impulsada por el Ejecutivo y lanzaron duras críticas contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Varios oficialistas admitieron públicamente que acompañaron el primer proyecto bajo un escenario que, según dijeron, les fue presentado de forma alarmista por los técnicos del MEF.
Durante la sesión, legisladores del oficialismo hablaron de informes "catastróficos", acusaron al equipo económico de haber exagerado el cuadro financiero y reconocieron que la reacción ciudadana terminó forzando una corrección política. Desde la oposición, en tanto, hubo cuestionamientos mucho más duros y se señaló que el retroceso del cartismo no borra su responsabilidad en el intento inicial de aprobar una versión más severa.
Aunque el Gobierno logró promulgar la ley, el conflicto está lejos de cerrarse. Los gremios docentes insisten en que la reforma no resuelve el problema estructural y advierten que la crisis previsional no puede seguir descargándose sobre los trabajadores mientras persisten sospechas de despilfarro, privilegios y manejos irregulares en otras áreas del sistema público.
En ese contexto, referentes del sector educativo ya anunciaron que la movilización continuará y que el próximo foco de presión estará puesto sobre la conducción del IPS. Desde la dirigencia gremial adelantaron que impulsarán acciones para exigir la salida del titular del ente, Jorge Brítez, y advirtieron que, si no hay respuesta, podrían extender las protestas a distintos puntos del país.
Así, la reforma ya es ley, pero su promulgación no apaga la crisis política ni social que dejó a su paso. Por el contrario, abre una nueva etapa de conflicto en la que el Gobierno deberá enfrentar no solo el desgaste de una decisión resistida, sino también el costo de haber impuesto una reforma en medio de desconfianza, divisiones internas y fuerte malestar ciudadano.
