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Se trata de la Ley N.º 7459, que introduce cambios significativos a la antigua Ley N.º 620/1976 y deroga la polémica Ley N.º 7447/2025. Esta última, que había entrado en vigencia en enero, intentó unificar el cálculo del tributo vehicular en los 263 municipios del país, pero desató una fuerte reacción pública por su implementación inconsulta y sus efectos desproporcionados en distintos sectores.
La nueva legislación establece que el monto a pagar en concepto de patente será del 0,3% sobre el valor imponible del vehículo, con una reducción automática del 5% cada año a partir del segundo, hasta completar una década de antigüedad. Es decir, a medida que el vehículo envejece, el impuesto irá disminuyendo progresivamente.
La ley fue sancionada por el Congreso Nacional el pasado 2 de abril y remitida al Poder Ejecutivo el 8 de ese mismo mes. El mandatario tenía hasta el miércoles 16 de abril, día declarado asueto por ser Miércoles Santo, para promulgar o vetar la normativa, de acuerdo con los plazos establecidos por la Constitución. Finalmente, optó por la promulgación dentro del plazo previsto.
Con esta medida, el gobierno busca corregir los efectos de una ley que había sido impulsada y aprobada rápidamente por sectores cartistas y sus aliados, sin consultar con los municipios ni con los ciudadanos. La falta de análisis previo y de diálogo con los afectados fue uno de los principales motivos del rechazo generalizado.
Cabe recordar que el vencimiento del pago de patentes está fijado para el lunes 30 de junio en todos los municipios del país, por lo que esta modificación llega a tiempo para evitar una mayor confusión entre los contribuyentes.
