Peña promulga la ley MAFE y el Estado incorpora un registro para personas desaparecidas
La norma lleva el nombre de María Fernanda Benítez, joven víctima de feminicidio en Coronel Oviedo, y surge como respuesta institucional a uno de los casos más conmocionantes del último tiempo.
La nueva legislación establece la creación de un registro nacional, público y gratuito, aunque con acceso restringido, que concentrará toda la información vinculada a denuncias de desaparición. El sistema reunirá datos personales, antecedentes del caso y el historial completo de las actuaciones realizadas por la Policía y los organismos de investigación, bajo criterios de confidencialidad, protección de datos y acceso responsable a la información.
Junto al registro, la ley activa la Alerta MAFE como un mecanismo de difusión inmediata a nivel nacional, inspirado en modelos internacionales de búsqueda urgente. Una vez realizada la denuncia, las autoridades deberán actuar sin dilaciones y poner en marcha protocolos que permitan la rápida circulación de información a través de medios de comunicación, plataformas digitales y servicios de telefonía, con la colaboración tanto de instituciones públicas como privadas.
Durante el tratamiento legislativo, el proyecto fue ajustado para ampliar las facultades operativas de los organismos de seguridad y del Ministerio Público, reforzando la coordinación con el sistema 911 y estableciendo la obligación de intervenir desde el primer momento en que se tenga conocimiento de una desaparición. La ley también incorpora la capacitación obligatoria de todo el personal policial, con el objetivo de evitar demoras, fallas de procedimiento o subestimaciones que puedan comprometer las primeras horas de búsqueda.
La promulgación de la norma se da en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos al accionar tardío de las autoridades en casos anteriores y recuerda que, apenas un año atrás, una iniciativa similar había sido rechazada bajo el argumento de falta de recursos. La tragedia que dio nombre a la ley terminó por acelerar el consenso político y social en torno a la necesidad de contar con un sistema formal, centralizado y de alcance nacional.
Con la entrada en vigencia de la ley MAFE, el desafío pasa ahora a la implementación efectiva. La rapidez de respuesta, la articulación entre instituciones y el uso responsable de las alertas serán claves para que el sistema no quede en una declaración simbólica y se convierta en una herramienta real de protección de la vida y los derechos fundamentales.