PolíticaDecreto
La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de julio de 2025, ratificada por el Senado el 20 de agosto y promulgada mediante la Gaceta Oficial.
Las nuevas salas serán habilitadas progresivamente, de acuerdo con las previsiones presupuestarias, y contarán con reglamentación específica a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la ley no cambia explícitamente la jurisdicción ni la interacción con la Contraloría General de la República (CGR), en el proyecto original se había incluido una disposición polémica que habría permitido que las rendiciones de cuentas evadieran el control de la CGR vía "puenteo" directo al Tribunal de Cuentas. Esa cláusula fue eliminada durante el trámite legislativo, tras advertencias del contralor general sobre el riesgo a la transparencia.
El cambio fue planteado oficialmente como un esfuerzo para descongestionar el sistema judicial administrativo y agilizar los procesos de rendición de cuentas. Sin embargo, los sectores críticos advierten que la duplicación de salas, sin una reforma paralela del control interno y sin garantías de independencia, podría convertirse en un mecanismo para canalizar rendiciones que deberían ser auditadas por la Contraloría. El contralor general había señalado que la práctica del "puenteo" era habitual entre intendentes y administradores públicos que pretendían evadir la CGR.
A pesar de que la versión final de la ley no contempla el "puenteo", el hecho de que la normativa abra la opción de recurrir por acción de inconstitucionalidad y que los expedientes puedan derivarse al Tribunal de Cuentas mantiene la controversia sobre si el control real se ve fortalecido o debilitado. El Ejecutivo afirma que la ampliación estructura una mayor capacidad de respuesta, mientras que expertos en transparencia señalan que la clave estará en los mecanismos de actuación efectivos y en la supervisión institucional que se implemente.
