Peña oficializa acuerdo militar con Estados Unidos y reaviva el debate sobre soberanía
La firma se produjo apenas un día después de que la Cámara de Diputados completara el trámite legislativo del convenio, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos sobre el alcance real del compromiso asumido por el país.
Desde el entorno oficial se presentó el entendimiento como un instrumento orientado a facilitar la cooperación bilateral, especialmente en materia de seguridad y defensa, además de establecer reglas para el desarrollo de entrenamientos conjuntos y otras actividades vinculadas a la relación militar entre ambos países. Sin embargo, la rapidez con la que avanzó el proceso volvió a instalar una discusión de alto voltaje político, impulsada por sectores que consideran que el acuerdo abre la puerta a concesiones excesivas y a una eventual afectación de la soberanía nacional.
La formalización del SOFA se dio durante el encuentro que Peña mantuvo con Landau en territorio chileno, adonde viajó para participar de la ceremonia de juramento del nuevo mandatario de ese país, José Antonio Kast. El gesto político no pasó desapercibido, no solo por el contexto internacional en el que se produjo, sino también por el momento interno en que se concreta, con un debate todavía abierto sobre los límites de la cooperación militar y el grado de autonomía que conserva el Estado paraguayo frente a este tipo de compromisos.
El acuerdo ya había atravesado un tratamiento intenso en la Cámara de Diputados, donde obtuvo la aprobación por amplia mayoría. Aun así, el respaldo legislativo no logró desactivar las críticas. Durante la discusión, voces de la oposición y de otros sectores advirtieron que el texto podría implicar una cesión de facultades sensibles y cuestionaron que el oficialismo haya impulsado la sanción sin despejar de manera suficiente las dudas sobre sus consecuencias jurídicas y políticas.
El Gobierno, en cambio, sostiene que se trata de un marco legal necesario para ordenar la cooperación con Washington y fortalecer la capacidad operativa en temas de defensa y seguridad. Bajo esa argumentación, el acuerdo es presentado como una herramienta de coordinación y no como una renuncia a potestades del Estado. Pero la polémica no se cerró con la aprobación parlamentaria ni con la firma presidencial. Por el contrario, el paso dado por Peña volvió a encender la controversia en torno al tipo de vínculo que se está construyendo con Estados Unidos y al costo político que puede traer aparejado.
La discusión también se da en un escenario regional e internacional especialmente sensible, donde los asuntos de defensa, seguridad y presencia extranjera adquieren un peso mayor en la agenda pública. En ese contexto, el SOFA deja de ser solo un acuerdo técnico para convertirse en una definición política de mayor alcance, capaz de profundizar divisiones dentro del sistema político y de abrir una nueva etapa de confrontación sobre la política exterior y de defensa del Gobierno.
Con la firma ya estampada, el oficialismo busca instalar la idea de que el país dio un paso hacia una cooperación más fluida y estratégica con una de las principales potencias del mundo. Pero del otro lado crece la lectura de que el apuro por cerrar el acuerdo no hizo más que alimentar sospechas y resistencias. Así, lo que para el Gobierno representa una herramienta de fortalecimiento bilateral, para sus detractores se transforma en una señal preocupante sobre hasta dónde está dispuesto a ceder en nombre de la seguridad y la alianza con Washington.