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Pacientes que llevaban horas esperando en la sala de espera lo interpelaron con gritos de "bandido", "fuera" y reclamaron por la demora de hasta cinco horas para acceder al servicio. Uno de los presentes incluso arrojó una botella de agua hacia Peña, mientras otra usuaria confesó que habría lanzado los restos de su desayuno al mandatario, asegurando que "representa lo peor de lo peor".
Según relatos, la paciente protagonista del escrache, que se sometía a diálisis, denunció que el edificio donde se realiza el servicio llevaba tiempo sin equiparse, que los pacientes debieron prolongar su tratamiento por la preparación del acto para la visita presidencial, y que la indignación no es solo por ella, sino por la sistemática falla del sistema sanitario. El episodio configura un hecho simbólico: no se trató de un reclamo distante ni virtual, sino de una confrontación cara a cara entre un mandatario que ingresó como si nada y ciudadanos cansados de aguardar sin respuestas. La escena revela que la cancha política comienza a inclinarse hacia un desgaste real de la institucionalidad presidencial.
Este no es, sin embargo, un episodio aislado. Desde que asumió el poder, Peña ha acumulado múltiples manifestaciones de rechazo público, muchas de ellas espontáneas y virales. En septiembre de 2024, durante un acto público en la calle Palma de Asunción con motivo del Día de la Primavera, fue abucheado por jóvenes que interrumpieron su discurso con gritos de "fuera" e insultos. En diciembre de 2023, tras la sanción de la polémica Ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, recibió una oleada de críticas en redes sociales y escraches digitales, con usuarios acusándolo de favorecer intereses políticos y financieros sectoriales. En actos públicos recientes, ha optado por evadir a la prensa, reducir su exposición mediática y acudir a eventos con dispositivos de seguridad notoriamente reforzados, como si el riesgo latente fuera más que retórico.
Estos hechos acumulados configuran un diagnóstico inquietante para el Ejecutivo: la popularidad se desploma, los márgenes de legitimidad social se reducen y la gobernabilidad comienza a sentirse más como una carga que como un mandato confiado. En menos de dos años de gestión, los reclamos se multiplican en áreas estratégicas como salud, educación, seguridad, empleo y cargas sociales.
