PolíticaRegistros públicos
El anuncio fue realizado por el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia, en la que se confirmó el calendario de implementación de la reforma.
La medida se apoya en la Ley 7424, promulgada a comienzos de este año, que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y redefine las responsabilidades del Estado en materia de catastro y registros públicos. Con esta normativa, el Poder Judicial pasa a concentrar la gestión del catastro nacional y de los registros vinculados a bienes, en un intento por ordenar un sistema históricamente fragmentado y cuestionado.
Desde el Ejecutivo sostienen que la puesta en marcha del RUN permitirá reducir trámites, unificar criterios y brindar mayor seguridad jurídica a las operaciones inmobiliarias. El presidente Santiago Peña defendió la reforma como un avance histórico, al considerar que moderniza un esquema que llevaba décadas de rezago institucional y burocrático, y la presentó como un paso decisivo para transparentar la propiedad de la tierra.
El nuevo registro surge de la fusión de tres dependencias clave: la Dirección General de los Registros Públicos, actualmente bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia; el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas; y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La integración de estas áreas apunta a centralizar información que hasta ahora se encontraba dispersa, con frecuentes inconsistencias entre planos, títulos y valuaciones.
La reforma también introduce cambios en normas vigentes, incluyendo aspectos de la legislación municipal y tributaria. En ese marco, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios será la encargada de establecer los valores fiscales utilizados para el cálculo del impuesto inmobiliario, una decisión que podría tener impacto directo en la recaudación y en la relación entre municipios y contribuyentes.
Para viabilizar la entrada en vigencia del RUN, la Cámara de Diputados aprobó una ampliación presupuestaria destinada a la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de financiar la implementación operativa del nuevo sistema durante el segundo semestre. Este punto fue considerado clave por el propio Ejecutivo, que reconoce que la reforma requiere inversión tecnológica y capacitación del personal.
Pese al respaldo oficial, el proceso no estuvo exento de críticas. Sectores del notariado y especialistas del ámbito jurídico advirtieron que el éxito del RUN dependerá de la fortaleza institucional y técnica de los escribanos, así como de la capacidad del Estado para acompañar la transición con reglas claras y sistemas confiables. Las manifestaciones registradas en los últimos meses reflejan el clima de tensión que rodeó la aprobación de la ley.
Con su entrada en vigencia a la vuelta de la esquina, el Registro Unificado Nacional se perfila como una apuesta de alto impacto, que promete ordenar el mercado inmobiliario y cerrar viejas brechas de inseguridad jurídica, pero que también pone a prueba la capacidad del Estado para ejecutar una reforma estructural largamente postergada.
