Peña cierra filas con Valdovinos en medio de la tormenta política por la reforma de la Caja Fiscal
Desde el Gobierno sostienen que la conducción económica mantiene la confianza del presidente Santiago Peña, pese a los cuestionamientos que comenzaron a surgir desde sectores de la Cámara de Diputados.
El ministro jefe de Gabinete, Javier Giménez, afirmó que el Ejecutivo mantiene pleno apoyo a la gestión de Valdovinos y atribuyó las críticas al escenario político que se generó luego de que la Cámara Alta modificara el proyecto originalmente impulsado por el Gobierno. La iniciativa había sido aprobada previamente en Diputados con un contenido más cercano a la propuesta del Ministerio de Economía, que buscaba introducir ajustes para enfrentar el déficit del sistema previsional estatal.
Sin embargo, durante su tratamiento en el Senado el texto fue alterado tras negociaciones con gremios docentes, el sector que ejerció mayor presión durante el debate legislativo. Estas modificaciones dejaron a varios diputados en una posición incómoda frente a sus bases políticas, especialmente a meses de las elecciones municipales, lo que derivó en fuertes cuestionamientos hacia el titular de la cartera económica.
Uno de los críticos más visibles fue el diputado Hugo Meza, quien incluso mencionó la posibilidad de impulsar una interpelación contra Valdovinos en la Cámara Baja. El legislador señaló que existen reclamos no solo por el manejo de la reforma previsional, sino también por atrasos en los pagos a empresas constructoras y proveedores del sector salud.
Ante esas críticas, el ministro de Economía reiteró que el Gobierno no contempla flexibilizar el tope fiscal para cancelar deudas pendientes con compañías viales ni con farmacéuticas. En cambio, planteó como alternativa la implementación de una ley de factoraje que permita canalizar mecanismos financieros para aliviar la situación de las empresas proveedoras del Estado. Según indicó, la próxima semana podría haber definiciones sobre esa iniciativa.
Mientras la discusión política se intensifica en el Congreso, el presidente Santiago Peña evitó pronunciarse directamente sobre el conflicto durante su participación en actividades vinculadas a las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mandatario se concentró en resaltar el valor del encuentro internacional como una oportunidad para posicionar al país ante potenciales inversores.
En ese marco, Peña y Valdovinos participaron en un diálogo sobre inversión y crecimiento vinculado al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El jefe de Estado sostuvo que el pacto representa mucho más que un tratado comercial y lo describió como una decisión estratégica que definirá el posicionamiento futuro de las economías de la región en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y transformaciones económicas.
Para el mandatario, la concreción del acuerdo abre una ventana de oportunidades para sectores clave de la economía nacional, como la agroindustria, la manufactura y los servicios basados en conocimiento, que podrían acceder en mejores condiciones al mercado europeo.
Por su parte, el ministro de Economía destacó que el cierre de las negociaciones pone fin a más de dos décadas de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo birregional. Señaló que el rol del Estado en este proceso es generar condiciones favorables para la inversión, mientras que el protagonismo final corresponde al sector privado.
Fernández Valdovinos comparó la tarea del Gobierno con la preparación de un campo de juego, en el que el Estado se encarga de establecer reglas claras y crear el entorno adecuado, pero son las empresas las que finalmente deben competir y aprovechar las oportunidades que surgen de la apertura de mercados.
En medio de esta agenda internacional, el debate interno sobre la reforma de la Caja Fiscal sigue abierto. Días atrás, el propio presidente Peña había reconocido que los cambios aprobados en el Congreso no solucionarán por sí solos la crisis financiera del sistema previsional estatal, aunque consideró que el proceso marca el inicio de una discusión más amplia sobre la sostenibilidad de todo el esquema de seguridad social, incluyendo la situación del IPS.
