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Indicó que, en caso de que el marco legal actual resulte insuficiente, está dispuesto a impulsar modificaciones legislativas que refuercen la protección de los niños.
El mandatario aseguró que, si se detectan vacíos legales en la normativa vigente, no dudará en solicitar al Congreso el aumento de las penas aplicables a este tipo de delitos. Recordó que su administración ya ha promovido medidas similares en el pasado y que no escatimará esfuerzos en volver a hacerlo si las circunstancias así lo ameritan.
En paralelo, ordenó una auditoría del proceso judicial relacionado con el caso, solicitando a su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta, que intervenga para analizar el desempeño de los actores del sistema de justicia. Además, indicó que ha conversado con autoridades del Poder Judicial a fin de esclarecer si existieron fallas institucionales.
Aunque evitó señalar responsables de manera anticipada, reconoció que el Estado no logró proteger a la menor: "el sistema falló y una niña perdió la vida", expresó con firmeza.
Como parte de las acciones del Ejecutivo, instruyó al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, a brindar acompañamiento a la familia afectada y, especialmente, a la madre de la víctima. Peña enfatizó que, aunque ningún esfuerzo logrará mitigar completamente el dolor de una pérdida tan atroz, el Gobierno está movilizando todos los recursos posibles para asistirla.
Finalmente, reafirmó que hará un seguimiento directo del caso y que su compromiso es total si se confirma que la ley actual no brinda el nivel de protección que merecen los niños y niñas del país.
