PolíticaBenjamín Fernández Bogado
Sus declaraciones surgieron tras una manifestación ciudadana impulsada por un joven que decidió enfrentar públicamente a los responsables del cobro, detonando un debate de fondo sobre la legalidad y legitimidad de esta concesión.
Fernández Bogado cuestionó con dureza la decisión del Ministerio de Obras Públicas de otorgar la administración del peaje a una empresa privada vinculada al senador Luis Pettengill, sin que exista inversión alguna en la ruta. Según advirtió, no solo no hubo aporte económico para la infraestructura, sino que tampoco existe una normativa vigente que habilite el aumento del peaje, lo que convierte al cobro en un acto abiertamente ilegal.
El analista sostuvo que el problema va mucho más allá del caos organizativo que se observa en el lugar, al que calificó como un aspecto menor frente a dos cuestiones centrales: la ausencia de inversión privada y la inexistencia de un marco legal que respalde la concesión y los montos cobrados. Para Fernández Bogado, el caso del peaje entre Luque y San Bernardino constituye un "plata yehú" de gran magnitud, una muestra más de cómo se utilizan mecanismos del Estado para beneficiar intereses particulares.
En su análisis, recordó antecedentes similares de administraciones pasadas, cuando se construyeron garitas de peaje sobre la Ruta 2 y en otros puntos del país con costos exorbitantes. Según señaló, cada una de esas estructuras llegó a costar en promedio dos millones de dólares, cuando su valor real no debía superar los 200 mil, evidenciando —a su criterio— un esquema sistemático orientado al robo de recursos públicos.
Fernández Bogado vinculó esta práctica con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, que señalan que alrededor de dos mil millones de dólares se pierden anualmente dentro del Estado paraguayo a causa de la corrupción. En ese contexto, afirmó que el sistema de peajes se ha convertido en una de las expresiones más claras de ese drenaje constante de fondos públicos.
El analista también puso el foco en el marco legal que sustenta estas decisiones, recordando que el cobro se apoya en un decreto dictado en 1959, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando las concesiones se otorgaban por capricho y sin controles. Para Fernández Bogado, resulta inadmisible que en plena democracia se sigan aplicando lógicas y normas heredadas de un régimen autoritario.
En ese sentido, apuntó directamente a la actual administración, señalando que la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, estaría replicando el mismo esquema al habilitar el peaje cuestionado, con el aval político del presidente Santiago Peña. La diferencia, subrayó, es que hoy el país no vive bajo una dictadura, sino en un sistema democrático que debería garantizar controles, legalidad y transparencia.
Finalmente, Fernández Bogado sostuvo que esta situación debería ser resuelta por los tribunales, siempre y cuando actúen con diligencia y en favor de la ciudadanía. A su juicio, el rol de la Justicia es clave para ordenar lo que describió como un profundo desorden de la administración pública, que crea peajes y los concede a discreción, perpetuando prácticas que socavan la confianza ciudadana y consolidan la desigualdad en el uso de los recursos del Estado.
