La bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) resolvió apadrinar el proyecto de creación de una Comisión Nacional que estudie mecanismos institucionales de recuperación de las denominadas tierras malhabidas identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008.
La noticia fue confirmada por el senador Pedro Santa Cruz, presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, quien firmó el proyecto de ley con su colega Desirée Masi, para encaminarlo oficialmente en la Cámara. “Para nosotros es una obligación ética acompañar esta iniciativa, ya que son temas que venimos impulsando, y necesitamos un consenso que nos permita avanzar hacia la recuperación”, afirmó.
La iniciativa había sido presentada el jueves 10 pasado, día mundial de los derechos humanos, por la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia, un colectivo que articula a organizaciones del movimiento social y popular; organizaciones campesinas como CONAMURI, Cultiva Paraguay; organizaciones sindicales como la CCT; organizaciones de luchadores y luchadoras contra la dictadura, como CODELUCHA, entre otras, y también individualidades, entre abogados, sociólogos, comunicadores, trabajadores sociales y activistas por los derechos humanos.
La iniciativa pretende crear una Comisión Interinstitucional integrada por representantes de ambas cámaras del Congreso, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Instituto Paraguayo del Indígena, Corte Suprema de Justicia, Dirección General de los Registros Públicos, Servicio Nacional de Catastro y Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC, para la búsqueda de “soluciones viables a la problemática de las tierras malhabidas”, y “el cumplimiento del programa constitucional vigente sobre la reforma agraria”.
El informe
El proyecto fundamenta la creación de la comisión en la inacción institucional que siguió al informe final en 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia, que fuera creada en 2003 por el mismo Congreso.
“Hasta el año 2003, el 19.3 % del territorio nacional se encontraba afectado por la grave ilegalidad que representan las tierras malhabidas. Tras la conversión del Instituto de Bienestar Rural (IBR) en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en 2004, la corrupción en materia de adjudicación de tierras agrarias continuó, desconociéndose la cantidad de tierras malversadas entre 2003 y 2020”, señala el documento.
“La Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna línea de investigación respecto de ese esquema tan grave de corrupción, de malversación de tierras públicas que debían ser destinadas a las y los sujetos de la reforma agraria, pese a haberse constatado que el mismo continuó funcionando luego de la apertura política en 1989. Tampoco ha sido posible recuperar ninguna tierra malhabida a través de procedimientos judiciales tramitados ante la jurisdicción civil, con la excepción de una parte de las tierras de la comunidad San Isidro del Jejuí”, agrega.
Denuncia que en este periodo “se ha profundizado y expandido el carácter fraudulento de la base territorial del país, sumándose a las millones de hectáreas de tierras malhabidas identificadas hasta 2003, un esquema de adquisición ilegal de lotes por no sujetos de la reforma en colonias y asentamientos campesinos, casos de apropiación ilegal de territorios indígenas, realización de transacciones fraudulentas con inmuebles públicos y la generación de una amplísima superposición de títulos de propiedad”.
Propone como manera de sanear la propiedad de la tierra en el país un “acuerdo social y político sobre los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas identificadas por la CVJ, en particular, aquellas malversadas por la dictadura stronista en un contexto de terrorismo de Estado”.
En 2008, la CVJ presentó su informe final, cuyo capítulo cuarto detalla las casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas, adjudicadas ilegalmente durante la dictadura, y también después. El informe, que habla del reparto de tierras públicas entre 1954 y 2003, concluyó que el 32,7% de las mejores tierras del país fueron entregadas irregularmente a personas que no podían ser beneficiarias de la reforma agraria.
El tema de las tierras malhabidas ha vuelto a resurgir durante los meses de la emergencia sanitaria, y ha provocado una escalada de polémicas públicas, duelos parlamentarios, que convulsionaron el ambiente político y que incluso tuvo entre sus antagonistas al propio presidente de la República.
