El abogado José Casañas Levi fue consultado por una radioemisora sobre cómo se deberían manejar en el Congreso temas que involucren en el ámbito privado a parlamentarios que tengan algún “interés indirecto o directo” en dichos asuntos, sobre todo a nivel económico. Sostuvo que los legisladores deben solicitar permiso y explicar por qué se retiran.
“Entiendo que el conflicto de intereses, es decir, participar y tratar un tema que sea (de su interés) particular le obliga al parlamentario a abstenerse del debate y de la votación consecuentemente, porque el artículo 201 de la Constitución lo que pone como control del ejercicio de la legislatura es no utilizar una posición privilegiada, a eso se refiere el uso indebido de influencias”, dijo a la 1020 AM.
“Si se está tratando algo en lo cual el legislador tiene un interés directo o indirecto no puede participar, y el reglamento tiene la posibilidad, y de hecho, se utiliza a menudo pedir permiso para no participar por diferentes motivos”, agregó.
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Crisis reveló tráfico de influencias
Luego de la crisis por la incontenible suba de precios de los combustibles y los debates en los diferentes estamentos del Estado para intentar mitigar este impacto en el bolsillo de la ciudadanía, nacieron varias iniciativas que proponían subsidiar las inversiones de los empresarios privados con la finalidad de que puedan reducir algunos de sus costos.
Esta ida y vuelta de análisis y discusión en torno a la polémica situación de utilizar dinero público, incluso producto de un préstamo internacional para que los operadores de estaciones de servicio puedan bajar sus precios sin trabajar a pérdida, reveló el interés particular de algunos legisladores en este asunto.
Se dio a conocer que algunos diputados colorados, cartistas y oficialistas, son propietarios o miembros de sus familias tienen participación en el negocio de la distribución de hidrocarburos al mercado minorista nacional. Esta situación despertó la indignación cuando los mencionados legisladores empezaron a actuar en total consonancia con las decisiones que beneficiarían a sus negocios.
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Diputados con surtidores
El mismo presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, tiene dos surtidores. El congresista cartista confirmó que su familia tiene una estación del emblema Petropar y otra de Barcos y Rodados, pero que no se imaginó que iba a existir una crisis del crudo.
Fue la diputada liberal Celeste Amarilla quien reveló más colegas suyos inmersos en el negocio de los energéticos. Amarilla recordó los casos del líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio "Bachi" Núñez; como propietario en el rubro. También a Del Pilar Medina, Blanca Vargas, Jazmín Narváez, Tomás Rivas y Erico Galeano. Igualmente incluyó al gobernador de Paraguarí, el cartista Juan Carlos Baruja, cuyo familiar es dueño de una estación.
Los diputados fueron beneficiados durante el Gobierno de Horacio Cartes, cuando Petropar financió el montaje de sus estaciones de servicio. Una de ellas es la pareja de Bachi, en Villa Hayes, construida en 2018. Blanca Vargas, incluso, es proveedora de la Municipalidad en Minga Guazú. También Tomás Rivas, en Ybycuí, entre otros.
Existe un proyecto de ley de conflicto de intereses que prohíbe los negocios con el Estado y la puerta giratoria entre el sector privado y público, pero duerme en Diputados por falta de apoyo.
