PolíticaUn retroceso que duele

Paraguay seguirá en deuda con sus mujeres, lamenta Lilian Samaniego

Senado paraguayo desvirtúa ley clave para proteger a las mujeres. Con la modificación de la ley que creaba juzgados especializados, miles de víctimas de violencia de género seguirán esperando justicia.

27 Abril de 2025
27 Abril de 2025
Senadora Lilian Samaniego.
Senadora Lilian Samaniego. Archivo.

"Fueron años de lucha y es una ley que necesitamos las mujeres para complementar la Ley 5777", declaró la senadora Lilian Samaniego en entrevista con El Nacional, lamentando el desenlace de uno de los proyectos más esperados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Paraguay.

El Senado, con aval de la mayoría oficialista, sancionó esta semana una versión modificada del proyecto que creaba juzgados especializados en violencia de género. La propuesta original, impulsada por Samaniego junto a otros legisladores como Esperanza Martínez y Rafael Filizzola, fue desvirtuada tras ser aprobada la versión de la Cámara de Diputados, que redujo el enfoque a un genérico "violencia intrafamiliar", diluyendo el propósito específico de proteger a las mujeres.

"Diputados desvirtúa la esencia y deja desprotegida a la mujer", acusó Samaniego, resaltando que el texto original había sido fruto de un arduo proceso de consenso con la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Ministerio de la Mujer y otras 17 instituciones.

La senadora describió el grave impacto de esta decisión: "Las mujeres imploran defensa. Hay 37.000 causas de violencia esperando. Siete feminicidios en lo que va del año. El año pasado cerramos con 43 mujeres asesinadas y 65 huérfanos que crecerán marcados por el abandono del Estado."

Un golpe a las víctimas y a la justicia

La sesión extraordinaria que sancionó la ley se realizó de forma acelerada tras el quiebre del quórum en la sesión ordinaria. La bancada oficialista colorada-cartista, apoyada por sectores afines, aprobó la versión más debilitada de la iniciativa con el mínimo quórum necesario. Mientras tanto, varios senadores de la oposición y disidentes abandonaron la sala en protesta.

"¿Qué pasa con la versión de Diputados? Cambian el corazón de la ley. Ellos quieren traer tendencias extranjeras, copiadas, que no se corresponden con la realidad paraguaya", advirtió Samaniego. "Aquí no es un tema de destruir la familia. Somos profamilia. Pero lo que no tiene protección real hoy son las mujeres que están siendo asesinadas."

El debate expuso también la cruda realidad en los juzgados de paz, donde denuncias menores como robos de bicicletas y heladeras saturan los tiempos de respuesta, mientras una mujer agredida espera horas para ser atendida y, en muchos casos, vuelve a ser víctima fatal antes de lograr protección judicial.

Casos recientes que duelen

Samaniego también recordó casos recientes como el de Tania Riquelme, agredida brutalmente por un conductor de la plataforma Bolt, y el de la ingeniera Sosa, víctima de violencia en su lugar de trabajo. "Cada día amanecemos con otro caso más. Hay 100 denuncias diarias por violencia en Paraguay. Esta ley era una herramienta urgente. Ahora, con esta versión aprobada, no sirve", lamentó.

Un llamado al presidente Peña

Las proyectistas originales del proyecto solicitaron al presidente Santiago Peña que vete la ley tal como fue sancionada y que se restaure la versión consensuada en el Senado. "Lo que está en juego no es un simple articulado legal. Son las vidas y la dignidad de miles de paraguayas", advirtió Samaniego.

Senadores como Esperanza Martínez, Celeste Amarilla y Eduardo Nakayama coincidieron en sus duras críticas: desde el abandono del Estado hasta el rol inoperante del Ministerio Público en proteger a las mujeres víctimas.

"Este no es un tema de ONG ni de modas extranjeras. Es una necesidad de país", afirmó también la senadora Yolanda Paredes.

Mientras tanto, los feminicidios y las denuncias de violencia continúan en aumento. Paraguay sigue en deuda con sus mujeres, y el Congreso, una vez más, optó por mirar para otro lado.

La última esperanza de corregir este retroceso ahora recae en el Ejecutivo.

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