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El anuncio fue realizado luego de que el Comando Tripartito —instancia de cooperación entre Paraguay, Brasil y Argentina— emitiera una alerta regional para activar los sistemas de inteligencia ante eventuales desplazamientos de integrantes del grupo hacia otros territorios.
Riera explicó que se dispuso el refuerzo de todas las comisarías ubicadas en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná, zonas consideradas de alta sensibilidad por su cercanía con rutas del narcotráfico y del contrabando de armas. Indicó además que el Gobierno paraguayo está intensificando los controles migratorios y aduaneros para evitar movimientos irregulares, así como el tráfico de armas y drogas que podrían derivarse del operativo brasileño. "Estamos trabajando con los organismos de inteligencia y de seguridad en permanente comunicación con nuestras contrapartes regionales", afirmó el ministro.
El megaoperativo realizado en Río de Janeiro, denominado "Operación Contención", se llevó a cabo el 28 de octubre y movilizó a más de 2.500 efectivos de la Policía Militar y de la Policía Civil de Brasil. La acción tuvo como objetivo desarticular células del Comando Vermelho en los complejos de la Penha y del Alemão, dos de las zonas más conflictivas de la capital carioca. Según medios internacionales, la intervención dejó al menos 60 muertos y 81 detenidos, aunque cifras posteriores elevan el número de fallecidos a más de 120, convirtiéndose en una de las operaciones policiales más letales de la historia reciente del país. En los allanamientos fueron incautadas armas de alto calibre, drogas, vehículos y equipos de comunicación utilizados por los jefes criminales.
La operación generó conmoción en Brasil y un fuerte debate sobre el uso de la fuerza por parte del Estado. Sin embargo, las autoridades defendieron la acción como una respuesta necesaria ante el crecimiento del poder de fuego y la estructura territorial del Comando Vermelho, grupo que surgió en la década de 1970 dentro del sistema penitenciario brasileño y que hoy controla parte significativa del narcotráfico en Río de Janeiro y São Paulo. Su influencia también se ha extendido a países vecinos, entre ellos Paraguay, donde en los últimos años se detectaron vínculos con organizaciones locales dedicadas al tráfico de drogas y armas.
El ministro Riera reconoció que la situación obliga a mantener un monitoreo constante sobre los movimientos en la frontera y señaló que se están aplicando medidas preventivas en coordinación con las fuerzas armadas y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). "El flujo de armas es una de nuestras principales preocupaciones, por eso estamos reforzando la vigilancia terrestre y aérea en toda la línea fronteriza", subrayó. Añadió que los organismos de seguridad cuentan con instrucciones precisas para identificar cualquier intento de reagrupamiento o desplazamiento de miembros del Comando Vermelho hacia territorio paraguayo.
El refuerzo fronterizo forma parte del plan de cooperación establecido por el Comando Tripartito, que fue reactivado este año con nuevos protocolos enfocados en el combate al crimen organizado, la trata de personas y la ciberdelincuencia. La medida busca anticipar posibles efectos colaterales del megaoperativo brasileño, ante el temor de que algunos cabecillas o emisarios del grupo intenten cruzar la frontera para reestructurar sus redes. En paralelo, las autoridades paraguayas están revisando los sistemas de vigilancia electrónica y las rutas de ingreso informal que comunican a las ciudades de Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Ciudad del Este con el territorio brasileño.
El operativo en Río de Janeiro y la respuesta paraguaya evidencian la dimensión regional que ha alcanzado el crimen organizado en Sudamérica. Con la expansión de grupos como el Comando Vermelho o el Primeiro Comando da Capital (PCC), las fronteras se han convertido en espacios de disputa permanente entre las fuerzas de seguridad y las redes criminales transnacionales. En este escenario, el desafío de Paraguay no solo pasa por reforzar su presencia policial, sino también por mejorar la cooperación judicial y de inteligencia con los países vecinos para evitar que los golpes en un territorio se traduzcan en desplazamientos de violencia hacia otro.
